La vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo, ha afirmado que su ejecutivo "no se pronuncia" sobre decisiones judiciales como el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel, pero ha reiterado la voluntad de su ejecutivo de reformar el Código Penal para evitar que los delitos de expresión se traduzcan en condenas de prisión.
Según Calvo, el ejecutivo cree que los delitos "que derivan de la libertad de expresión y no comportan riesgo para la seguridad" no tienen que tener como respuesta la privación de libertad, porque este escenario "no tiene lugar en el ámbito de las libertades de una democracia". "Tiene que haber una horquilla", ha dicho, para que los delitos de expresión no sean sancionados con prisión.