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PSC - Programa de ayudas retornables
La política que han hecho los gobiernos nacionalistas en vivienda estos últimos diez años ha sido un auténtico desbarajuste, sin planificación y con cambios constantes e improvisación. El Gobierno del presidente Illa implementará un programa de ayudas retornables para que los jóvenes puedan pagar la entrada de un piso y pondrá en marcha el Servei Català de Vivenda a través de una ley específica, donde se determinará el catálogo de servicios que se ofrecerán a toda la ciudadanía.
Cs - El 15% de la vivienda debe ser social
Entre las principales medidas, promover un aumento del parque residencial de Catalunya para facilitar el acceso de toda la población a una vivienda digna, impulsar la construcción de viviendas de protección pública y también programas de cesión de viviendas exclusivamente para alquiler social. Conseguiremos el objetivo de alcanzar el 15% de vivienda social sobre el total del parque de vivienda de Catalunya y potenciaremos la rehabilitación para disponer de más viviendas en alquiler.
ERC - Mil millones anuales para vivienda
Hay problemas de vivienda en Tarragona, Reus o Barcelona, pero también en Rocafort de Queralt, Sarral o Santa Coloma. El modelo urbanístico de los últimos años ha apostado por construcciones en torno a los pueblos y las ciudades, y se ha dejado deteriorar el centro de las ciudades. Hay muchas viviendas en malas condiciones que los propietarios no quieren deshacerse por cuestiones sentimentales. Y si lo hacen, lo hacen a precios que los jóvenes no pueden afrontar. Debemos llegar al 15% de vivenda social e incrementar el presupuesto de políticas de vivienda en mil millones al año.
JuntsxCat - 1.500 viviendas protegidas al año
Todo el mundo debe tener derecho a una vivienda digna. Impulsaremos un plan para incrementar hasta 1.500 el número de viviendas protegidas producidos por la Generalitat anualmente y también ampliar el parque público con más compras de viviendas en manos de entidades financieras, además de incrementar la rehabilitación de viviendas a través del programa rehabilitem.cat. A la vez, reduciremos a cero las listas de espera de las mesas de emergencia para conseguir un alojamiento y evitar así el riesgo de exclusión residencial. También combatiremos las mafias de ocupación ilegal de viviendas, impulsando las reformas para acabar con estas prácticas ilícitas.
PDeCAT - Ocupar una vivienda habitual es un delito
a ocupación ilegal de una residencia habitual es un delito grave que hay que castigar con penas de prisión. El acceso a la vivienda no tiene una solución sino que pide un conjunto de soluciones diversas y complementarias. Incrementar la oferta de viviendas facilitando la construcción de obra nueva y la rehabilitación, estimular la oferta de alquiler dando seguridad a los propietarios en caso de no cobro y aumentando la inversión en viviendas de alquiler social.
En Comú Podem - 1,5% del PIB para la vivienda pública
El acceso a una vivienda digna debería ser un derecho esencial que no puede ser objetivo de especulación. Haremos que el Gobierno destine el 1’5% del PIB a políticas de vivienda pública de alquiler y avanzar hasta conseguir que el 15% del parque de vivienda sea protegido. Los grandes propietarios deben ofrecer alquiler social a las familias vulnerables y movilizar pisos vacios. Hemos conseguida que se prohiban los desahucios durante la pandemia. Haremos fectiva la ley de contención de Rentas de alquiler.
PPC - Expulsiones en 24 horas
La proliferación de la okupación, sobre todo en la costa de Tarragona, nos preocupa mucho. Que la mitad de la okupación de España se produzca en Catalunya nos parece muy revelador. También nos preocupa que los gobiernos central y el de la Generalitat se esfuercen en proteger al delincuente y no al propietario. Por eso recorrimos la Ley autonómica que protegía el okupa y por eso defendemos medidas como un cambio legislativo que permita expulsar a 24 horas a quien te ocupa la casa.
CUP - Garantizar el acceso a una vivienda digna
Aquella Constitución que garantiza la propiedad privada también garantiza el acceso a una vivienda digna. Pero parece que las instituciones públicas solo se limitan a cumplir la primera parte. La mejor manera de evitar que personas se vean obligadas a ocupar ilegalmente viviendas es que las instituciones públicas garanticen este segundo derecho.
Después de la burbuja inmobiliaria hay miles de pisos vacíos, mientras que cada vez hay más gente sin casa, el monocultivo turístico fomenta el aumento de los precios de los pisos de las viviendas. Hay que desarrollar todo lo que permiten las actuales leyes para garantizar el derecho a la vivienda y para que no haya personas que vean que su casa ha sido ocupada.
