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El pasado martes la Comisión de Salud Pública acordó inocular la tercera dosis de Pfizer a los 6,8 millones de residentes en España que están por encima de los 70 años y que ya habían sido pinchados con la pauta completa, siempre y cuando hayan transcurrido al menos seis meses desde su última inyección contra la covid.
Ese acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades fue todo menos una sorpresa. Y es que el departamento que dirige Carolina Darias ya había dejado claro desde finales de la pasada primavera en diferentes encuentros informales con las comunidades que su intención era embarcarse en una nueva campaña de refuerzo de toda la población general en cuanto acabara la ordinaria.
En cualquier caso, para entonces las dudas de que España, uno de los países de la UE que más había presionado a Bruselas para compras adicionales de profilaxis a Pfizer, iba a volver a revacunar de forma masiva y que iba a ser precisamente con esa marca, eran mínimas. A principios de mayo la Comisión Europea había firmado un contrato con el gigante farmacéutico para el suministro de 900 millones de dosis para toda la UE en el periodo 2021-2023, con una opción de compra por otra cantidad equivalente hasta llegar a los 1.800 millones de inyectables.
O lo que es lo mismo: Sanidad, desde hace cinco meses, tenía garantizada, de acuerdo con los cálculos de responsables de la Comisión de Salud Pública, la recepción en los dos próximos años de más de 90 millones de inyectables (de ese monto total habría que descontar una pequeña partida que se adelantó en primavera, precisan desde la comisión). Esos 90 millones de dosis de Pfizer, a los que se podría añadir una cantidad similar si Bruselas lo acuerda, serían suficientes para dos campañas completas de revacunación.
Esos eran los cálculos que Darias tenía en la cabeza. Pero el pasado 23 de julio provocó el estupor entre sus colaboradores cuando en una entrevista radiofónica tuvo un desliz y aseguró que «todo parece apuntar a que tendremos que poner una tercera dosis», al tiempo que dio por hecho que ese recuerdo iba a ser anual y que sería de una profilaxis de ARN mensajero como la Pfizer. El anuncio de la ministra se producía mucho antes de que la farmacéutica pidiera formalmente autorización a los reguladores internacionales para comercializar su tercera dosis, pero sin embargo sí que coincidía con la campaña mediática de la multinacional sobre la necesidad de ese nuevo pinchazo.
Sanidad, y a pesar de que según muchos expertos sigue sin haber evidencia de la necesidad ese ‘booster’, ya había revelado en documentos internos previos al visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, el lunes, que no contemplaba otra opción que no fuera la revacunación. El 16 de septiembre, en un informe interno de la Comisión de Salud Pública –en el que se dio luz verde al tercer pinchazo a personas con tratamientos inmunosupresores de muy alto riesgo y a los residentes en centros de mayores– el ministerio aseguró tajante que «se dispone de evidencia en países de nuestro entorno de pérdida de la efectividad conferida por una pauta completa de vacunas frente a la covid con el tiempo, sobre todo en las personas mayores».
La decisión del lunes de la EMA de autorizar el pinchazo para cualquier persona por encima de los 18 años, yendo mucho más allá que el Reino Unido o EEUU, donde sigue restringida a los grupos de más edad, no sorprendió en Sanidad, donde sabían desde hace semanas que el regulador iba a terminar dando su brazo a torcer.
