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No hubo fallos en el guion que llevaba el Gobierno preparado de casa. El Congreso votó este jueves en contra de las enmiendas a la totalidad que amenazaban la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 con una holgada mayoría de 186 votos frente a los 159 que pidieron la devolución de las Cuentas al Consejo de Ministros. El proyecto de PSOE y Unidas Podemos recibió el aval inicial de ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, BNG y el PRC. Pero, salvado el primer escollo, ahora deberán iniciarse las negociaciones entre los distintos grupos parlamentarios hasta que el borrador se vote definitivamente en el hemiciclo.
El Gobierno tiene de plazo hasta el 29 de diciembre para superar el trámite en tiempo y forma y, como en las dos ocasiones anteriores, cuenta con sumar a los socios del llamado bloque de investidura. Sin embargo, esta amalgama de partidos, aunque sin presentar enmiendas a la totalidad, sí advirtió al Ejecutivo de coalición de que no puede dar aún por hecho su voto favorable. Así lo dejó claro el diputado de EH Bildu Oskar Matute y lo refrendó la parlamentaria del PNV Idioa Sagastizabal, que lanzó un aviso: «Todavía queda un trecho».
Inversiones y gasto militar
La diputada peneuvista reconoció que las relaciones entre su formación y el Gobierno «no atraviesan su mejor momento». Admitió, no obstante, que el acuerdo alcanzado la semana pasada para ampliar la ley del Cupo fiscal vasco ha permitido «recobrar parte de la confianza perdida». Ahora, y tras obtener también la oficialidad de las selecciones de pelota y surf, las demandas del PNV se centran en incrementar las inversiones para Euskadi.
Más crítico se mostró el diputado de Esquerra Joan Margall, quien dijo que su grupo tenía «motivos para presentar enmienda a la totalidad, pero apostamos por la responsabilidad». Margall esgrimió una serie de objeciones como el aumento del gasto militar o que las medidas sociales propuestas en las Cuentas públicas «no vayan a la raíz de la desigualdad». Y aunque no se refirió a la reforma del delito de sedición si denunció que sigue habiendo «represaliados» por el ‘procés'.
