Albert Rivera solo ofrece un pacto de investidura, limitado a que Mariano Rajoy alcance la Presidencia del Gobierno, pero el PP insiste en que quiere más. El portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, confesó ayer que aspiran a que la negociación que ambos partidos abrieron ayer por tarde, para ver si son capaces de alcanzar un pacto de compromisos políticos y reformas que permita al partido de Rivera dar el 2 de septiembre un ‘sí’ a Rajoy, acabe «en un gran acuerdo que en el futuro se convierta también en un pacto de gobierno».
La idea que transmitió Hernando es que tienen claro su objetivo final, pero que quieren ir «paso a paso». Ahora tratarán de cerrar un pacto de investidura, pero si Rajoy supera la votación y puede formar Gobierno aprovecharán el acuerdo programático ya firmado para convencer a Rivera de la necesidad de que entre en el Ejecutivo para asegurar su ejecución con la formación de una mayoría parlamentaria estable, de 169 diputados, para toda la legislatura. «Estamos en el principio de un gran amor», comentó Hernando optimista, entre bromas y veras, parafraseando el famoso diálogo final de la película Casablanca.
Su pretensión, sin embargo, choca, al menos por el momento, con los planes de Ciudadanos, que según confirmó ayer Juan Carlos Girauta, su portavoz parlamentario y cabeza del equipo negociador, no tiene intención alguna de superar el acuerdo de investidura.
Su objetivo es lograr un pacto que incluya sobre un centenar de reformas y políticas que ambos grupos parlamentarios se comprometan a impulsar durante la legislatura, pero que, fuera de la votación conjunta de estas iniciativas, la formación liberal sea un grupo más de la oposición, con libertad para controlar al Gobierno, y que decida, ley a ley, con quien cierra alianzas.
El portavoz popular también dotó de un muy amplio contenido al primer punto de los seis que componen el pacto anticorrupción que ayer firmaron con Ciudadanos, que era la condición previa e indispensable de la formación naranja para que se pudiese abrir el diálogo.
El texto dice que ambos partidos se comprometen a la «separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento».
Ciudadanos, según fuentes de la dirección, en un principio, y dado que se trata de un pacto nacional, solo exigía que esta medida se tomase con las imputaciones que puedan afectar a miembros del Gobierno central y a diputados y senadores, como puede ser en pocas semanas el caso de Rita Barberá.
Sin embargo, Hernando aclaró que ellos entienden que la disposición rige para todos los representantes políticos, nacionales y locales, incluidos los cargos políticos en ejecutivos y parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos. Pero al tiempo, también recordó que el acta –sea de parlamentario o de concejal– es por mandato constitucional nominal –propiedad durante la legislatura del electo–, por lo que, aunque el partido pueda exigir dimisiones, los ceses solo se producirán si los acepta el propio investigado.