Si algo ha enseñado el proceso independentista al Gobierno es que la maquinaria judicial es imparable cuando sus engranajes entran en funcionamiento. Oficialmente, el Ejecutivo eludió ayer todo comentario sobre la decisión de la juez Carmen Lamelapero, en privado, fuentes gubernamentales admitieron su preocupación por los efectos del encarcelamiento. En los últimos días el Gobierno había detectado que la situación en Catalunya comenzaba a «normalizarse». Ni los ministerios se han topado con amagos de resistencia del funcionariado catalán al aplicar el artículo 155 de la Constitución y tomar las riendas de las consejerías ni se han registrado incidentes en las calles. PP, PSOE y Ciudadanos interpretan que la convocatoria de elecciones autonómicas ha servido para neutralizar de alguna manera el trauma de la intervención de la autonomía.
Fuentes del Ejecutivo defienden que «esto es la separación de poderes». Y argumentan que ningún magistrado de la Audiencia Nacional está obligado a actuar según los intereses de la política. En este contexto, «respetan las decisiones judiciales». Pero no significa que no analicen sus consecuencias. También en el PP anticiparon que el separatismo se alimentará de la contundencia del Estado de Derecho y hará girar su discurso en torno al «victimismo» y a la existencia de «presos polícos» en un marco en el que «confunden poder ejecutivo y judicial».
«El bien sobre el mal»
El exvicepresidente catalán llamó hen Twitter a dar la batalla en las elecciones autonómicas: «Haced cada día todo aquello que esté a vuestro alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21-D. En pie, con determinación y hasta la victoria». No sólo Oriol Junqueras recurrió a las redes sociales. Quien ejercía de consejero de Territorio, Josep Rull, publicó una imagen de sí mismo votando en el referéndum del 1 de octubre. «Si veis este tuit es que me han encarcelado por ser fiel a las urnas», escribió al tiempo que el ex responsable de Presidencia, Jordi Turull, instaba a defender «pacíficamente la democracia y la dignidad de Catalunya».
Frente a este argumento, desde el Gobierno replicaron que la marcha de Carles Puigdemont a Bruselas sólo ha empeorado la situación procesal del resto de miembros de su gabinete al reforzar la existencia de riesgo de fuga. Una decisión, la de permanecer en Bélgica, que el PSC calificó de «no acertada».
Miquel Iceta (PSC) avisó de que «nunca se debería haber llegado a esta situación» y acusó al expresidente de la Generalitat de colocar las instituciones de Catalunya fuera de la legalidad. El portavoz del PSOE, Oscar Puente, salió al paso de las críticas del PSC y advirtió de que «el barco -en referencia a Ferraz- tiene un rumbo y va a seguir con él». Ciudadanos también manifestó su respeto a la decisión judicial, aunque su presidente se mostró muy duro con los exconsejeros ya encarcelados. «Cuando uno desacata la ley y los tribunales, tiene que comprender que a lo mejor un juez lo imputa, lo llama a capítulo y decide que no puede estar en libertad si se salta la ley», remarcó Albert Rivera.
Mucho más severo se mostró Podemos a través de su secretario general, Pablo Iglesias, que pidió la «libertad» para los «presos políticos» y se reconoció «avergonzado». El secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, fue más allá y relacionó las detenciones con el nazismo. «Justo lo que pedían los neonazis a las puertas de la Audiencia. Más gasolina, más irresponsabilidad, más odio», criticó en su perfil de Twitter.