¿Qué conflictos está generando la llamada economía colaborativa?
En primer lugar se observa cómo estas plataformas ‘on line’, de forma creciente, se están apropiando del grueso del valor que generan en el intercambio. A la vez, también acaban modificando las características, hasta el punto de que se pierde de alguna forma la naturaleza de la economía colaborativa.
¿En qué sentido?
Se difumina la percepción de comunidad, se pierde la sensación de reciprocidad y la característica de lo que es un intercambio entre particulares. En algunos casos se habla de economía pseudocolaborativa.
¿Dónde puede haber más problemas?
Otra fuente de controversia tiene que ver con los mercados. Son mercados que, en el ámbito físico, están regulados, y lo están porque generan impactos negativos sobre terceros que no reciben ninguna contraprestación.
Pero existen otros frentes abiertos.
Preocupa la protección y la seguridad de los consumidores y los datos que estos usuarios ceden a las plataformas, los derechos laborales de las personas que suministran estos servicios. También preocupa la protección del medio ambiente, no está clara la fiscalidad, e incluso hay que tener en cuenta el impacto en el equilibrio territorial.
En el caso de Airbnb se persiguen los pisos no registrados, pero más allá de eso, ¿hace falta una regulación?
Otro elemento es que se pierde la característica del ‘peer to peer’, con la aparición de una cierta competencia desleal, por el intrusismo de algunas empresas que se posicionan en estas plataformas ofreciendo estos servicios como un particular. Se hace necesaria una cierta regulación de esta actividad económica.
¿Cómo se está regulando hasta este momento?
La regulación de la economía colaborativa asume retos muy complejos. Los ámbitos afectan a competencias muy distintas, a nivel estatal, regional y algunas veces a nivel local. Se está llevando a cabo una regulación muy caso a caso, a nivel local, basada en la experimentación.
Los avances van por delante de las normativas.
Un segundo elemento de complejidad tiene que ver con eso. Son plataformas que usan aplicaciones que, cuando tienen éxito, se desarrollan a una gran velocidad y se llevan buena parte del mercado. Los procesos de regulación son muy lentos y a veces se acaban intentando regular realidades o empresas que ya no existen.
¿Hacia dónde hay que ir?
Hacia una regulación que aporte más transparencia de cara al mercado, en aspectos como la fiscalidad. Hay que diferenciar qué tipo de servicio se ofrece en las plataformas. Sería conveniente una regulación para orientar estas actividades de la economía colaborativa prioritariamente allí donde haya más interés social y donde se puedan conseguir los impactos económicos más favorables.