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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano que debe garantizar la independencia de los jueces, atraviesa la peor crisis institucional en la etapa democrática. Los dos años y ocho meses que lleva en funciones debido a la falta de acuerdo político para su renovación pesan ya como un yunque sobre el esqueleto del gobierno de la judicatura.
Una situación "insostenible" que ya tiene efectos directos en la suspensión de nombramiento de altos cargos o en el incremento de plazas vacantes en el Tribunal Supremo.
Con este panorama desolador, que proyecta en la sociedad una imagen politizada del Poder Judicial, Carlos Lesmes tuvo este lunes la mejor oportunidad para llamar a las cosas por su nombre y poner rectos a los negociadores de PSOE y PP para que acaben de una vez con el 'secuestro' de un ente que sobrevive en permanente interinidad.
En el solemne acto de apertura del año judicial, celebrado en el Tribunal Supremo ante la presencia del Rey, la cúpula judicial y representantes del Gobierno y de la oposición, el presidente del CGPJ reclamó sin nombrarlas a las "fuerzas políticas concernidas", PSOE y PP, a que hagan valer su "patriotismo constitucional y generosidad" para alcanzar "en las próximas semanas" un acuerdo que permita cerrar esta grave crisis.
Dado que ambas fuerzas parlamentarias tienen la llave para un acuerdo por su mayoría cualificada en el Parlamento, Lesmes abandonó su conocido tono institucional para recordar a los presentes que esta "anormal situación conduce al debilitamiento de la legítima función constitucional del Consejo, que vela por la independencia judicial".
Fue el octavo discurso del magistrado del Supremo en esta tradicional apertura del curso judicial, tres intervenciones más de las previstas por la ley, ya que cada mandato debería durar cinco años. Un momento único para sacarles los colores a socialistas y populares y reclamar, "por el bien de todos", que "desaparezca del escenario la lucha partidista".
"La situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la judicatura y para la propia sociedad", admitió.
Durante los últimos seis meses, aunque el Consejo ha procurado seguir desarrollando su labor con normalidad, "lo cierto es que no ha podido cumplir con una de las funciones esenciales, como es la de efectuar nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Supremo", prosiguió Lesmes para criticar la norma que introdujo el actual Ejecutivo par limitar las competencias del CGPJ en funciones.
Por este motivo, recordó, a estas alturas son 11 las vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados en el Supremo, por no hablar de muchas otras en las presidencias de diversos tribunales. Un panorama, añadió, que está teniendo lugar en un contexto social y político de la máxima complejidad provocado por los "devastadores efectos" de la pandemia. De ahí la necesidad de tener un CGPJ "en total plenitud de funciones y una absoluta disponibilidad de todos los efectivos".
La querencia de Lesmes para que el acuerdo para elegir a los 20 nuevos vocales del Consejo sea inmediato podría sugerir un apoyo implícito al actual sistema de nombramiento: el nuevo frente para el PP porque supone una politización del órgano.
Sin embargo, el presidente del CGPJ desde 2014 hizo un guiño a los actores que abogan por reformar la ley orgánica y permitir que los propios jueces elijan a sus pares o que el nuevo modelo sea más equitativo (ahora el Parlamento nomina de forma directa a 12 de los 20 consejeros).
"Los jueces españoles también son jueces europeos, por lo que su independencia no puede ser comprendida plenamente sin la perspectiva de su acogimiento a las normas internacionales y de Derecho Europeo.
La pertenencia a la UE vale también para articular el Poder Judicial", expuso Lesmes. Una manera de traer al debate las exigencias del PP y las recomendaciones de Bruselas, del Consejo Europeo o de la mayoría de las asociaciones judiciales españolas para reformar el actual sistema de nombramientos por estar "politizado".
Indultos del 'procés'
Antes de entrar de lleno en la peor crisis institucional que vive el órgano de gobierno de los jueces, Lesmes dedicó un apartado de su discurso a las palabras que en su día hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los indultos, contraponiendo la "revancha y el resentimiento" de los tribunales a la nueva etapa de concordia que se abría con la concesión discrecional de esta medida de gracia.
Dijo Lesmes, sin mencionar a su autor, que se ha llegado a comparar la concordia frente al resentimiento para justificar esta "indulgencia", "como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normales".
El presidente del Supremo señaló, además, a aquellos que critican cuando las decisiones judiciales "se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o simplemente no son de su agrado". "La Justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento para salvaguardar el orden jurídico, y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos", remachó Lesmes en el discurso más intencionado de los últimos ocho años.
