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    Los diputados podrán expresarse en las lenguas cooficiales en el Congreso

    La presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, firma una resolución para que los parlamentarios puedan intervenir en catalán, euskera, gallego, aranés, asturiano o aragonés desde el pleno del próximo martes

    13 septiembre 2023 19:51 | Actualizado a 13 septiembre 2023 19:58
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    Los diputados podrán intervenir en el Congreso de los Diputados en euskera, catalán, gallego y aranés, y también en asturiano o aragonés (que no son oficiales en sus comunidades autónomas) en el pleno que se celebra el próximo martes. Así lo decidió este miércoles la Mesa de la Cámara baja con los votos a favor de PSOE y Sumar y la oposición del PP, tras calificar la propuesta registrada la semana pasada por el Gobierno y sus socios -sin la firma de Junts- para modificar el Reglamento del órgano.

    Estaba previsto, en principio, que las lenguas cooficiales se estrenasen el 26 de septiembre, cuando se celebra la primera sesión de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha acelerado los trámites para que el uso de estos idiomas esté permitido ya en los plenos de la semana que viene. En uno de ellos, precisamente, se votará la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara, cuya fecha se trasladará a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en la Junta que celebrarán hoy viernes.

    Esta fue una de las condiciones que el pasado 17 de agosto plantearon los grupos independentistas de ERC y Junts para apoyar la elección de Armengol y garantizar también una mayoría progresista en la Mesa de la Cámara de PSOE y Sumar. Sin embargo, las dudas de cómo se llevarán a cabo las labores de traducción e interpretación se mantienen por ahora por la falta de medios técnicos humanos para garantizarla en la sede parlamentaria, sobre todo en tan corto lapso de tiempo.

    La semana pasada, la propia Armengol estudiaba la posibilidad de que los diputados que así lo desearan intervinieran, primero, en uno de los idiomas cooficiales y, posteriormente, repitan el mismo discurso en español. Sin embargo, fuentes parlamentarias trasladan que la traducción del catalán, el gallego y el euskera estará garantizada desde el martes, puesto que el Congreso contratará, de forma provisional, a los traductores que estime oportunos de entre el grupo de 25 intérpretes a los que recurre habitualmente el Senado. Una posibilidad que ya adelantó este periódico la semana pasada. Eso sí, si algún diputado quiere hablar aranés, asturiano o aragonés deberá autotraducirse, ya que la Cámara alta no dispone de recursos para trasladarlos al español.

    El Congreso, que cuenta en su plantilla con tres intérpretes de inglés, alemán y francés, también dispone de auriculares para que todos los presentes en el hemiciclo (no sólo parlamentarios sino también las taquígrafas, periodistas, invitados o público) puedan entender a todos los oradores. Estos ya se han utilizado durante las visitas de invitados internacionales pero, con el desembargo de las lenguas cooficiales, tienen previsto adquirir más.

    Aviso de los letrados Sobre la legalidad de estas contrataciones, desde el grupo socialista argumentan que cuentan con plena cobertura jurídica gracias al acuerdo de la Mesa. Tampoco aprecian ningún problema administrativo para un desembolso que se enmarca dentro de los denominados 'contratos menores' (inferiores a 15.000 euros si son de suministro o servicio). De hecho, explican, esperan seguir el mismo funcionamiento que el Senado donde se contrata a los traductores pleno a pleno. Sobre la posibilidad de que la Cámara baja cuente con un cuerpo estable de intérpretes, aún no se ha estudiado dicha posibilidad.

    Pese a la pronta implantación de la medida y del despliegue de recursos, los servicios jurídicos del Congreso, albergan dudas sobre el trámite legal que se está recorriendo para facilitar el uso de estas lenguas. Consideran «muy difícil, si no imposible», aplicar «de forma inmediata o a corto plazo» la reforma del Reglamento y avisan de que su puesta en práctica obligaría a «replantear todos los procedimientos parlamentarios» tal y como están concebidos actualmente.

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