Vox ha propuesto en su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía un nuevo tipo delictivo que castigue «a quienes negocien con condenados, procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional».
La enmienda, registrada en el Congreso con texto alternativo a la proposición de ley del PSOE, plantea para dicho tipo delictivo penas que van de seis a diez años de prisión, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a diez años.
Asimismo propone un endurecimiento penal en los casos de ultraje a España y sus símbolos y de los delitos de traición por parte de miembros del Gobierno, la recuperación del tipo penal de sedición y la pérdida de la nacionalidad para los delincuentes cuyo origen no es español.
El grupo parlamentario de Santiago Abascal también exige la prohibición de los referendos sobre la integridad territorial de la nación y subraya que deben aumentarse las penas relativas a las consultas «ilegales».
La enmienda insiste en la ilegalización de los partidos separatistas que «amenacen la unidad de España y el orden constitucional», según explica Vox en una nota de prensa.
En declaraciones remitidas a los medios, el diputado y secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo, argumenta que con esta enmienda «no sólo atacamos a la amnistía en sí, sino que combatimos todos los elementos que el Gobierno está utilizando para perpetrar ese golpe de Estado desde La Moncloa».
«Pedimos que la gobernabilidad de España no pueda negociarse con prófugos de la justicia por delitos contra el nación y pedimos que la gobernabilidad no pueda apoyarse en partidos separatistas», así como «la ilegalización de esos partidos cuyo objetivo es en realidad destruir la nación»,
