El 64% del territorio catalán es forestal: “Tenemos el bosque descuidado”

Catalunya tiene 200.000 hectáreas de bosque más que hace veinte años. Los bosques ocupan el 35% del país y, sumando las zonas de matorral y otra vegetación, la superficie forestal se extiende a casi dos tercios del territorio, el 75% en manos privadas. En los últimos años, han aumentado los planes de gestión que aplican los propietarios, pero, aun así, solo se gestiona un tercio del conjunto de bosques. La situación también afecta a los de titularidad pública, solo el 37% de los cuales están planificados. Diversas voces del sector afirman que el problema no es tanto el exceso de bosque como que está “descuidado” y “poco gestionado”, lo que incrementa el riesgo de incendios. Por ello, piden más inversión pública y que la masa forestal sea “rentable”.

El catedrático en Ingeniería Forestal de la Universitat de Lleida (UdL), Víctor Resco, explica a la ACN que la superficie de bosques densos –muy cerrados– es de casi la mitad del territorio, un 47%. Una cifra que representa “valores récord” de los “últimos 100.000 años”. Según él, esto genera “oportunidades”, pero también reivindica que se gestionen, porque de lo contrario habrá más “combustible” para incendios. Además, el exceso de bosques sin cuidar es “el principal causante de la sequía”, con cada vez más agua consumida por las masas forestales. “Estamos hablando de un problema de disposición de recursos hídricos, tanto para la agricultura como para el consumo humano”, añade, subrayando que la biodiversidad puede verse afectada por bosques que se cierran.

La superficie forestal crece en el último cuarto de siglo

La extensión de los bosques en Catalunya aumentó de forma considerable la primera década del siglo, pasando del 28% (2001) a casi un 40% en 2013. Después, ha retrocedido ligeramente, hasta el 35% del territorio, 1,12 millones de hectáreas, según datos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de 2023. La superficie forestal total (sumando matorrales y otra vegetación) también ha aumentado respecto al cambio de siglo, de menos del 60% del territorio al 64% actual. En este sentido, también han crecido las zonas de matorral (del 14,9% al 21,9%), en detrimento de las áreas de otra vegetación, que han caído de diez puntos, del 16% al 6,7%.

En estas dos décadas y media, el crecimiento de la masa forestal se ha producido en detrimento de zonas con otra vegetación menos densa y de áreas ocupadas por el sector primario, especialmente los cultivos de secano, que han retrocedido del 20% al 17% (100.000 hectáreas menos). Las zonas de regadío se han mantenido estables alrededor del 8% de la superficie de Catalunya, y el suelo urbano, urbanizable e infraestructuras ha aumentado ligeramente hasta ocupar hoy el 6,8% del territorio.

Jordi Tarradas, ingeniero forestal y director gerente de Boscat, la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals, dice que “nunca sabremos” si el número de bosques es demasiado bajo o alto, pero sí que se puede afirmar que no tiene una “estructura correcta”. Esto provoca “riesgo de incendios” y pérdida de biodiversidad por la “continuidad del bosque”, opina. Como Resco, también señala que hay menos agua disponible para el consumo humano. “No es que tengamos demasiado bosque, lo que pasa es que lo tenemos descuidado y esa estructura hace que perdamos los servicios ecosistémicos que podríamos disfrutar como sociedad”, remarca.

El gerente de Boscat cree que la falta de gestión se debe básicamente a la escasez de recursos económicos y de rentabilidad, al exceso de burocracia que impide un sistema “mucho más ágil administrativamente” y a la falta de trabajadores forestales. “Cada vez hay menos gente que quiere trabajar en el bosque, y necesitamos profesionalizar y dignificar este sector para tener las personas que lo hagan”, explica.

La presidenta de la asociación de propietarias forestales Dones de Bosc, Clara Santamaria, también afirma que hay demasiada zona de bosque y matorrales, y lamenta que haya “mucha masa forestal poco o nada gestionada, o mal gestionada”. La líder de la entidad, la primera de propietarias forestales en el Estado, cree que debe haber cooperación entre los dueños de los terrenos y la administración, a quien reprocha que destina “pocos recursos” al sotobosque, mientras que los propietarios no pueden afrontar toda la inversión. Explica que, en presupuestos recientes de la Generalitat, solo se ha destinado “un millón y medio” para ayudar a las propiedades, aunque la masa forestal ocupa alrededor del 60% del territorio.

Gestión forestal atomizada

Con datos de 2024 recogidos por el Observatori Forestal Català (OFC), cerca del 70% de toda la superficie forestal de Catalunya no está planificada, es decir, son hectáreas de bosque y matorral cuyos propietarios no tienen planes de gestión a medio plazo aprobados por la administración. En los bosques privados (el 76% de la superficie forestal total y más del 95% de los bosques en la mitad de las comarcas), el 31,6% de los bosques tiene planificación actualmente; en los públicos, que son el 24% de los bosques de Catalunya, el porcentaje planificado es algo mayor, pero no mucho, el 37%.

La estructura de la propiedad forestal privada está muy atomizada, según datos catastrales de 2012 analizados por el Centre de la Propietat Forestal (CPF). Los datos muestran que hay 266.060 propietarios privados y 194 públicos –ayuntamientos, diputaciones y Generalitat de Catalunya. Así, hay muchas propiedades pequeñas, pero la superficie forestal está dominada por las grandes.

En concreto, un 1,2% de las propiedades tiene más de 100 hectáreas de bosque, gestionando el 41,5% de toda la superficie. Por el contrario, el 52% de las propiedades forestales no alcanza la hectárea de extensión, representando solo el 2,8% de la superficie forestal. El 46,8% restante tiene entre 1 y 100 hectáreas, ocupando el 55,7% de la superficie forestal privada. “Un gran número de titulares forestales que por sí solos tienen un potencial de gestión bajo”, apunta el CPF en su análisis de la estructura de la propiedad forestal privada.

Resco excluye del debate sobre las causas de un incendio el hecho de que el bosque sea privado o público. “La propiedad en sí no determina el estado de gestión de ese bosque”, señala, y añade que cuando hay un incendio en una propiedad privada, es “responsabilidad de todos no haber hecho los deberes”. De hecho, Tarradas, de Boscat, cree que “la propiedad privada es mucho más dinámica que la pública”.

Confirmando los datos, explica que “la atomización es muy grande” porque hay mucha gente con fincas muy pequeñas. Así, Tarradas considera que “una forma eficiente de gestión es agruparse” en asociaciones de propietarios, para mancomunar una gestión que, de forma individual, “tiene un techo que alcanzamos hace años”. Una de las tareas de las asociaciones es localizar a los propietarios, a quienes a veces ni los vecinos conocen, y explicarles qué tienen, qué herramientas existen y si quieren adherirse a planes forestales para una mejor gestión. El gerente de Boscat calcula que entre la labor de las agrupaciones y un esfuerzo de la administración se podría pasar del 30% al 60% de superficie gestionada.

La rentabilidad como incentivo

Uno de los motivos por los que las propiedades podrían tener más incentivos para planificar los terrenos es que vean rentabilidad. Tarradas dice que es “difícil” que se comprometan si “no les compensa”. En la misma línea, Santamaria, de Dones de Bosc, considera “importantísimo” que las industrias de la madera puedan ganarse la vida y que estos beneficios repercutan también en los propietarios. “La administración debería procurar que muchas de las construcciones públicas de escuelas fueran con madera de nuestro país y no de Francia”, reivindica.

Resco va más allá en el clamado por la rentabilidad de los bosques y dice que hacen falta ayudas públicas e incentivos fiscales. “¿Por qué no quitamos el IVA a cualquier actuación de prevención de combustible?”, se pregunta, recordando que no habrá actuaciones de gestión forestal si no hay beneficios.

Otras fuentes señalan que uno de los problemas es la falta de ejecución de los planes de gestión elaborados por los propietarios y validados por la administración debido al alto coste de intervenciones como aclarados, mejora de caminos o contratación de seguros forestales. Existen ayudas públicas, pero algunos propietarios las consideran insuficientes. En 2023, según datos de la memoria de la OPF, la Oficina abrió 24 convocatorias de ayudas y tramitó unos 2.404 expedientes. Además, se resolvieron 8 convocatorias principales que incluían 3,484 millones de euros en “gestión forestal sostenible”, 90.000 MEUR para contratación de seguros forestales contra incendios y 4,45 millones en prevención de incendios forestales (reducción de carga de combustible y mejora de acceso a los bosques, entre otros).

Los riesgos de la falta de gestión

Las voces consultadas alertan de los riesgos de la superpoblación de bosques descuidados. Víctor Resco, de la UdL, cree que en algunos casos los accesos a las zonas forestales “se pierden y no se mantienen”, con el argumento de que así habrá menos gente y mejorará la biodiversidad, pero en la práctica esto provoca que “cuando hay un incendio los bomberos no puedan acceder”. Recomienda labrar los campos “sobre todo en zonas estratégicas desde el punto de vista de prevención de incendios”. La situación se agrava en los espacios protegidos, que “ardiendo lo hacen con una intensidad 20 veces mayor” que en el resto.

Tarradas comparte esta visión y lamenta que la política de protección de los espacios naturales haya sido “una política de no hacer nada, de no tocar esos espacios”. Según él, eso los hace “vulnerables”, porque cuando hay un incendio, “son lugares donde no hay infraestructuras y muchas veces no hay suficientes caminos para entrar, y los bomberos no pueden hacer nada, solo dejar que queme hasta que tengan oportunidad”.

Tanto él como Resco creen que hay quienes consideran que talar árboles siempre es un “ecocidio”, mientras que plantar es “de héroes”, aunque a veces es al revés. “Si plantas los árboles y luego te olvidas, estás plantando los fuegos del futuro”, opina Resco.

Planes de gestión privados aprobados en 2024

Actualmente se contabilizan 4.396 planes de gestión forestal vigentes, que suponen 498.774 hectáreas ordenadas, el citado 31,6% de la superficie forestal privada en Catalunya. El Lluçanès, el Berguedà, el Solsonès y el Bages son las comarcas con más superficie forestal (privada) ordenada, superior al 60% del total. En el otro extremo, la Cerdanya, el Baix Llobregat, la Noguera, el Pallars Sobirà y el Baix Penedès son las comarcas con menos gestión forestal planificada, solo entre un 10% y un 20%.

Respecto a los nuevos planes de gestión aprobados en 2024, el Centre de la Propietat Forestal (CPF) validó 308 planes de gestión forestal presentados por propietarios, más de la mitad revisiones y actualizaciones de planes anteriores, correspondientes a un total de 32.218 hectáreas, según datos avanzados a la ACN. Respecto a las actuaciones previstas, se contabilizaron unas 4.700 incluidas en más de un millar de planes de gestión.

El Alt Empordà, el Berguedà, la Garrotxa, la Noguera, el Bages, el Ripollès, el Gironès, el Solsonès, el Alt Urgell, la Selva, Osona y el Vallès Oriental son las comarcas que presentan, en este orden, más superficie ordenada aprobada durante 2024.

Un riesgo de incendio que se extenderá a los Pirineos por el cambio climático

Resco alerta de que, además, los incendios pueden aumentar debido al cambio climático. Según él, la duración inusual de las olas de calor de este verano será, dentro de unos 15 años, propia de un verano considerado “normal” o incluso “fresquito”. Por ello, afirma que los incendios podrían llegar a la costa o a zonas del Pirineo central, donde hay “muchísima más acumulación de combustible, mucha más biomasa”.

Además del impacto paisajístico y sobre los ecosistemas, el experto habla del coste de un incendio, “unos 19.000 euros por hectárea según los GRAF”, comparado con las actuaciones de prevención, calculadas en “unos 3.000 euros por hectárea”. Sobre los incendios, pide a las administraciones mapas de zonas inflamables, equivalentes a los ya existentes de zonas inundables, para que la población sea consciente del grado de riesgo al que se expone. Otra propuesta es fomentar el mosaico territorial, es decir, más diversidad de espacios, con bosques, campos agrícolas, zonas de ganado, pastizales o praderas sin actividad.