El Govern recurre ante el Supremo la anulación parcial del decreto que protege el catalán en la escuela

El Govern de la Generalitat ha recurrido ante el Tribunal Supremo la anulación de buena parte del decreto de régimen lingüístico educativo que protege el catalán como lengua vehicular, según publica el diario ARA. 

Concretamente, el Ejecutivo presentó el pasado viernes un recurso de casación contra la decisión del TSJC de anular varios artículos del decreto, tras un recurso promovido por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Según ARA, “la Generalitat argumenta que fijar el catalán como lengua vehicular no implica la exclusión del castellano, tal como resolvía el TSJC”. De hecho, cuando en septiembre se conoció la decisión del TSJC, el Govern ya anunció que la recurriría.

El 10 de septiembre se hizo pública la sentencia que anulaba varios artículos clave del decreto de régimen lingüístico educativo de la Generalitat de 2024 y estimaba parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la AEB. El tribunal declaraba nulos de pleno derecho los artículos, o partes de ellos, 2, 4, 6, 7.2, 9.3b, 10, 18.a, 19, 24, 33 y 34.1, que, entre otras medidas, establecían el catalán y el aranés en la Vall d’Aran como lenguas normalmente vehiculares y de aprendizaje, así como lenguas habituales en la actividad docente y administrativa escolar, en la relación con las familias, en los materiales didácticos y en las evaluaciones.

En aquel momento, el Govern aseguró que recurriría la sentencia y que defendería el modelo lingüístico de la escuela catalana “con toda la contundencia”. Así lo señaló Salvador Illa, que apuntó que se emprenderían todas las medidas que consideraran oportunas. La consellera de Educación, Esther Niubó, precisó que la sentencia no tenía impacto en las aulas porque el decreto aún no había entrado en vigor debido a su suspensión cautelar, y que lo que sí sigue vigente es la ley de 2022 para intentar blindar el catalán como lengua vehicular.

En noviembre, sin embargo, el TSJC decidió levantar la suspensión cautelar del decreto de régimen lingüístico, y Plataforma per la Llengua pidió al Departamento de Educación que aplicara la parte de la normativa que sigue vigente, incluyendo la posibilidad de sancionar a docentes que no cumplan los proyectos lingüísticos de centro, así como el requisito de nivel C2 de catalán para los nuevos profesionales.