El Parlament aprueba la ley que regula el alquiler de temporada y de habitaciones en Catalunya

El Parlament ha aprobado este jueves la ley que regula el alquiler de temporada y de habitaciones -una vía usada para sortear el tope a las rentas de la vivienda habitual vigente en Catalunya-, con el voto a favor de toda la izquierda: PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP.

La nueva norma nace de un decreto que, entre otros elementos, agilizaba trámites urbanísticos y al que, en el trámite parlamentario, esta mayoría de izquierdas ha introducido enmiendas para regular el alquiler de temporada y de habitaciones o para que los pisos de protección oficial mantengan esta calificación si están en las denominadas zonas de mercado tensionado.

Una regulación en línea con la aprobada este jueves decayó en la pasada legislatura al no reunir el apoyo del PSC-Units, que entonces optó por la abstención.

Los socialistas, que fijan la cuestión de la vivienda como pilar del actual mandato, cambiaron su posición a raíz de los acuerdos con ERC y Comuns que posibilitaron la investidura de Salvador Illa.

El texto ha sido avalado por el Consejo de Garantías Estatutarias, que emitió un dictamen, a petición de Junts y el PPC, en el que solo puso en duda uno de sus artículos, posteriormente enmendado.

Temporada, habitaciones y protección oficial

La regulación establece que cualquier alquiler "destinado a la satisfacción de la necesidad de vivienda" sea considerado "permanente", con independencia de la duración del contrato, lo que hace que estas rentas estén sujetas a la regulación de precios si están en zonas tensionadas. Así, solo serán alquileres de temporada los que se acredite que se destinan a uso recreativo y turístico.

En cuanto a la regulación del alquiler de habitaciones, la norma determina que la suma de las rentas de cada habitación no pueda superar el precio del alquiler del piso entero.

La ley también establece que no dejarán de ser de protección oficial unos 35.000 pisos que en los próximos años habrían pasado al mercado desregulado.

La izquierda se congratula

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defendido durante el debate parlamentario que la vivienda debe ser "un derecho y no una fuente de agobio": "El beneficio es legítimo cuando es positivo para la comunidad, mientras que no puede ser considerado beneficio si llena un bolsillo o pocos bolsillos y provoca pérdidas para el resto", ha afirmado.

La ponente de la ley ha sido la diputada socialista Eva Candela, que ha defendido que la "intervención pública" en el mercado de la vivienda es "urgente y prioritaria" y ha ensalzado la "capacidad de sumar mayorías" de la bancada izquierda.

Por parte de ERC, su portavoz, Ester Capella, ha celebrado que lo que su grupo, Comuns y CUP habían defendido hasta ahora "en soledad" sea por fin asumido por "una mayoría progresista". .

La diputada de Comuns Susanna Segovia ha dicho que el Parlament "ha votado una victoria" del movimiento por la vivienda, pero ha avisado a Paneque de que las regulaciones no sirven si no se aplican sanciones -lo que todavía no ha sucedido en el caso del tope a las rentas habituales-.

Laure Vega, de la CUP, ha señalado que hoy se impide que se sigan cometiendo "ilegalidades" y ha tildado de "fascinante" que la derecha "lloriquee" por una norma que, en el fondo, busca restablecer el orden.

Oposición frontal de la derecha

La diputada de Junts Glòria Freixa se ha mostrado en contra de cualquier regulación de las rentas y ha dicho que lo que debe hacerse es "atraer" la inversión privada, al tiempo que ha acusado a la mayoría de izquierdas de legislar "por la puerta de atrás", vía enmiendas.

Su partido ha votado a favor de algunas de las enmiendas introducidas, pero no de elementos nucleares de la norma como el que hace referencia a los grandes tenedores -por una cuestión competencial- o los alquileres de temporada.

Por parte del PPC, Àngels Esteller ha asegurado que esta regulación es un ataque más a la propiedad privada, ha puesto en duda su constitucionalidad y ha censurado que se "criminalice" a los propietarios.

La diputada de Vox Mònica Lora ha criticado la "inseguridad jurídica" de esta ley y el "incremento del control administrativo sobre la propiedad privada" que comportará.

Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana y diputada del grupo mixto, también ha lamentado la "criminalización" de los propietarios y ha achacado las dificultades en el acceso a la vivienda a la inmigración y a las ocupaciones.