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La imagen de la justicia es la de una mujer con los ojos vendados, que no repara en personas sino en los hechos. Carmen Lamela ha hecho honor a esta figura con la orden de ingreso en prisión de Oriol Junqueras y siete exconsellers del Gobierno catalán. No ha tenido en cuenta las circunstancias políticas ni las consecuencias que puede tener su decisión en ese ámbito. Una medida que será discutida por los profesionales del derecho –muchos veían desproporcionado el encarcelamiento–, pero sobre todo por las fuerzas políticas porque ha rociado con gasolina la incipiente hoguera electoral.
La instructora del juzgado número tres de la Audiencia Nacional no ha reparado en esta circunstancia ni en que es la primera vez que se encarcela a todo un Gobierno autonómico por una acusación de rebelión. Una medida sin parangón en España ni en las democracias occidentales.
Una persona discreta
Pero así es la juez, una persona discreta, de la que apenas hay fotografías ni se conocen detalles personales más allá de las plomizas biografías oficiales. A sus 56 años acredita una sólida carrera profesional de tres décadas, con un breve paso por la función pública en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
No es la primera vez que se ha abstraído del clima político para adoptar resoluciones. Como cuando instruyó las agresiones en octubre de 2016 a dos guardias civiles en una pelea de madrugada en un bar de Alsasua porque consideró, en contra de la opinión de un juzgado de Pamplona, que se trataba de un acto de terrorismo y envió a prisión a siete de los atacantes.
Llegó hace dos años a la Audiencia Nacional y asumió la causa de rebelión del Gobierno de Catalunya porque estaba de guardia el 20 y 21 de septiembre, cuando se produjeron los disturbios ante la Conselleria de Economía por la detención de altos cargos de la Generalitat. Por aquellos hechos también mandó a prisión a los ‘Jordis’.
Asuntos calientes
Sí, se ha convertido en la juez del momento, y muy a su pesar. Sin quererlo, porque en sus 30 años de carrera nunca le ha gustado la exposición mediática. Sin desearlo porque desde que llegó al Juzgado Central de Instrucción tres, en sustitución de Juan Pablo González, que a su vez ocupaba la plaza de Javier Gómez Bermúdez, ha logrado algo inédito: pasar inadvertida hasta convertirse en la juez sin rostro incluso para funcionarios que trabajan allí.
Ello pese a que en estos 24 meses –desde el pasado 28 de septiembre ya como titular del juzgado tras la excedencia voluntaria de Gómez Bermúdez– Lamela ha tenido en sus manos asuntos calientes, como Abengoa o la CAM, y decisiones controvertidas, caso del envío a prisión del expresidente del Barcelona Sandro Rosell o el procesamiento de los nueve investigados por la agresión a dos guardias civiles de paisano y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016.
Hasta la reciente resolución tomada con los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a los que también envió a prisión, el caso de Alsasua había sido el que más críticas le ha generado. La razón es que la juez, en línea con la petición de la Fiscalía, acusó a los investigados por delitos de terrorismo según la reforma del Código Penal de 2015, que amplía la extensión de este tipo delictivo pensando en la lucha contra el yihadismo. Es decir, no es que Lamela se haya mostrado especialmente dura con la calificación de estos hechos, es que la Fiscalía, en su solicitud, y la Sala de lo Penal (instancia superior) han avalado su tesis.
