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Catalunya afronta los momentos decisivos para la independencia

Gobierno y Generalitat, partidos, entidades y fuerzas de seguridad coinciden en que las peores horas del proceso están a la puerta

Ramon Gorriarán

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El president Carles Puigdemont, el pasado lunes a su llegada a la reunión extraordinaria del Govern tras el 1-O. Foto: Alberto Estévez/EFE

El president Carles Puigdemont, el pasado lunes a su llegada a la reunión extraordinaria del Govern tras el 1-O. Foto: Alberto Estévez/EFE

Después de las convulsas jornadas de los días 1 (referéndum), 2 (protestas por la actuación policial) y 3 de octubre (huelga general), el proceso independentista parece haberse tomado un respiro. Como dice el tópico, es la calma que precede la tormenta. Todo se juega esta semana, pero las cartas no están echadas porque los protagonistas esconden con celo sus próximos movimientos.  

En medio de esta incertidumbre, hay una certeza: falta lo peor. En eso coinciden el Gobierno español, la Generalitat, las formaciones políticas, las fuerzas de seguridad y las entidades cívicas. Las tensiones de los últimos días podrían convertirse en un asunto menor tanto si el Parlament proclama la independencia, como si recula y no lo hace. Porque en este momento nadie sabe qué va a pasar el martes con la comparecencia de Carles Puigdemont.

El president de la Generalitat escucha a unos y otros. Salvo la CUP –para la que la independencia ya está tardando porque se debería haber proclamado hace varios días–, en el PDeCAT y en ERC hay criterios contrapuestos. 

Una declaración sin efectos jurídicos ni políticos frustraría a más de dos millones de catalanes

Saben que no pueden dar marcha atrás, y lo reconocen en público y privado. El dilema es cómo dar el paso adelante. Después del referéndum, estaba claro, tenía que ser un movimiento contundente, con una declaración de independencia pura y dura, y que pase lo que tenga que pasar.  Se trata de declarar la ruptura con España, pero qué pasa después si no hay reconocimiento internacional, ni control de fronteras ni del territorio, y sin estructuras estatales. 

La solemne declaración de independencia de Catalunya, dicen los más cautos, sería una anécdota en la historia, una nota a pie de página sin más trascendencia ni impacto real.

Todo ello sin contar con las seguras responsabilidades penales para sus promotores. El último president de la Generalitat que se arrojó a una aventura secesionista fue Lluís Companys en 1934 y acabó, junto con sus consejeros, en la cárcel. Un futuro similar auguran sin excepción los profesionales del derecho para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, el resto del Govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la Mesa.

Una independencia sin efectos jurídicos ni políticos también acarrearía una inmensa frustración para esos dos millones y medio o tres de catalanes que por ahora son el techo demográfico del soberanismo. Cinco años de movilizaciones sin descanso y con fe en las promesas gubernamentales se irían al cubo de la basura. Por todo ello, Puigdemont está persuadido de que no puede recular, pero tampoco dar un paso en el vacío. Tiene 48 horas para encontrar una solución que, eso seguro, si contenta a unos disgustará a los otros.

Debate en la Moncloa

El Gobierno de Mariano Rajoy, como ha hecho en todo el proceso, va a rebufo de los movimientos de la Generalitat. La aplicación del artículo 155 de la Constitución es objeto de sesudos debates jurídicos y políticos en la Moncloa. La falta de un desarrollo reglamentario de ese capítulo constitucional hace que las dudas asalten a los miembros del Gobierno y a la Abogacía del Estado. ¿Puede, por ejemplo, el Ejecutivo español, en aplicación de este artículo, disolver el Parlament y convocar elecciones, que es una potestad del president de la Generalitat? Es uno de los muchas interrogantes sin respuesta uniforme.

Rajoy insiste en que no habrá independencia, pero también garantizó que no habríaconsulta en Catalunya  el 9 de noviembre de 2014 y tampoco referéndum el 1 de octubre pasado, y en ambos casos votaron más de dos millones. Sin cumplir los estándares internacionales y sin garantías jurídicas, cierto, pero hubo urnas y votos. Dos a cero a favor de la Generalitat, admiten incluso en Madrid.  

Rajoy insiste en que no habrá secesión, pero también dijo que no habría 9-N ni referéndum el 1-O

En el Gobierno confían casi más para evitar la independencia en el desestimiento de Puigdemont que en las medidas coercitivas a su alcance. La vuelta a la legalidad es la principal exigencia de Rajoy, y a partir de ahí, hablamos. De qué, no se sabe. La Moncloa no suelta prenda. Se habla de financiación o de singularidad nacional, pero son ofertas implanteables en un Estado de las autonomías en el que nadie quiere quedarse atrás respecto a otro.

La estrategia es ir día a día y con el mayor apoyo posible de otras fuerzas políticas. Perdido sin remedio el de Podemos y el PNV, Rajoy se afana por atar la complicidad del PSOE y Ciudadanos, y habla como nunca ha hecho con Pedro Sánchez y Albert Rivera. Con este tiene la tranquilidad de que contará con su respaldo haga lo que haga porque el presidente de C’s quiere ser el más duro de la escena. No así con el secretario general del PSOE, protagonista de varios zigzagueos.

El tercer actor en el proceso es colectivo. Se trata de las entidades soberanistas, auténtico motor del proceso. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural marcan el ritmo de las movilizaciones. Hasta el momento, mantienen embridado el movimiento con sus consignas de no violencia y resistencia pacífica, pero nada garantiza que vaya a ser así si la independencia se frustra, o si se proclama y el Gobierno descarga el artículo 155.  

La CUP hace además de voz de la conciencia y ha prometido llevar la lucha a la calle si las circunstancias se tuercen. La nada despreciable posibilidad de que los líderes de ambas organizaciones ingresen en prisión si la Audiencia Nacional ve indicios de un delito de sedición en las protestas que organizaron tras las detenciones del 20 de septiembre puede destapar lo más temido, los disturbios y la violencia callejera hasta ahora evitados. De materializarse este escenario, los Mossos d’Esquadra volverán a estar ante la tesitura de ejercer su papel con todas las de la ley o dejar que lo asuman los cerca de 6.000 efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil trasladados a Catalunya.

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