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El Govern de la Generalitat de Catalunya ha anunciado este miércoles el cierre de bares y restaurantes, y la limitación al 50% del aforo en comercios por un periodo inicial de 15 días ante el incremento de los indicadores de la pandemia de coronavirus.
Lo ha explicado el vicepresidente de la Generalitat en funciones de presidente, Pere Aragonès, en rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat y en la que también han participado la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, el conseller de Interior, Miquel Sàmper, y la consellera de Salud, Alba Vergés.
Aragonès ha concretado que las restricciones aprobadas por el Procicat entrarán en vigor a partir de la noche del jueves al viernes, aunque primero las medidas deben ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Con estas restricciones, bares y restaurantes solo podrán servir para llevar o a domicilio, mientras que el consumo en el interior de los establecimientos quedará suspendido.
También se incluye la limitación del aforo en comercios al 30%, y se cerrarán todos los "servicios con contacto" excepto las peluquerías.
Los centros comerciales y las tiendas de más de 400 metros cuadrados deberán controlar el aforo en tiempo real, mientras que en todos los equipamientos culturales se limitará el aforo al 50% y deberán cerrar como máximo a las 23 horas.
Además, la actividad deportiva no profesional quedará suspendida estos 15 días y los gimnasios se limitarán a un 50% del aforo, los actos religiosos también al 50%, los parques y jardines públicos, y áreas de juego infantil cerrarán a las 20.00 horas, y se suspende la apertura al público de salones de juego, casinos y bingos.
Los restauradores, indignados
Los restauradores han recibido con indignación la decisión del Govern de cerrar bares y restaurantes en Catalunya durante 15 días y han avanzado que la impugnarán ante la justicia.
Así lo han explicado tanto el director general del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols, como el secretario general de Fecasarm, Joaquim Boadas.
Antes del anuncio oficial, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha dado cuenta de esas medidas a los sectores afectados, y Pallarols ha explicado que la reunión había sido "muy tensa".
En declaraciones a los periodistas, Pallarols ha anunciado la impugnación de esas restricciones porque, a su entender, son desproporcionadas y porque hay "determinados derechos constitucionales que no pueden saltarse", ha dicho.
Pallarols ha denunciado que el cierre se impone de manera "inmediata" y sin apenas "medidas de apoyo", por lo que el Govern "parece que se empeñe en agravar la situación de un sector económico clave para Barcelona".
"Parece que se empeñen en culpar a la restauración" al limitar su actividad a la entrega de comida a domicilio o a servirla para llevar, "volviendo a una especie de fase 0", ha dicho.
Por ello, ha reclamado al Govern que articule mecanismos para que el sector pueda seguir operando y que "no destruya el motor de la economía catalana", ya que de esta manera está "destruyendo la manera de ganarse la vida de muchas familias". "No puede ser que la COVID-19 se lleve por delante todo nuestro tejido productivo", ha dicho.
El representante de este gremio ha advertido de que el Govern no puede actuar contra 9.000 restauradores en Barcelona y al mismo tiempo no tome decisiones efectivas para "aminorar los alquileres" que pagan muchos de estos empresarios.
