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El Gobierno presentará ante el Tribunal Constitucional otros dos incidentes de ejecución de sentencia para anular los acuerdos del Parlament que reivindican la «legitimidad de la desobediencia civil e institucional» y pide que avise a la Generalitat que puede incurrir en un delito y «terminar en el Código Penal» si no actúa.
Así lo explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la subrayó que las resoluciones que aprobó el Parlament el pasado 26 de septiembre y publicadas el 4 de octubre «en absoluto se corresponden con nuestra legalidad constitucional».
Ese día, la cámara catalana dio luz verde una resolución en la que la que reclamaba la «legitimidad de la desobediencia civil e institucional» para defender «derechos civiles, políticos y sociales» y otra una respuesta institucional a la sentencia del Procés que pase por el «ejercicio del derecho a la autodeterminación» y por reclamar una «amnistía» si hay condenas.
Unas decisiones sobre los que, recordó Calvo, el TC ya ha dictado sentencias «que dicen claramente» que son constitutivas de delito porque tienen que ver con «planteamientos que debaten sobre el derecho a la autodeterminación, que no existe obviamente en nuestro modelo constitucional e impulsan a la desobediencia institucional».
La nueva petición del Gobierno, prosiguió, «afecta de manera importante» al Ejecutivo catalán, puesto que reclama que «se aperciba y se recuerde» que «puede terminar obviamente en el propio Código Penal» por esos delitos en los que se pueden incurrir. Unas «situaciones que nadie quiere, que no queremos y que tenemos por todos los medios a anticiparnos a ellas», recalcó.
Estos dos nuevos incidentes de ejecución se suman a los anunciados la semana pasada contra otras tantas resoluciones del Parlament, pero no hacen referencia a la resolución en la que ese mismo día pidió la «retirada» de los efectivos de la Guardia Civil que se encuentran en Catalunya.
Calvo explicó que este acuerdo no es recurrible porque la salida de la Guardia Civil de Catalunya es una «posición tan inaceptable, inasumible» y no es más que «un deseo político aberrante». «La salida de la Guardia Civil no está a su alcance, puede estar en su deseo político, pero no está ni de lejos al alcance del Parlamento de Catalunya, de la Mesa ni del Govern de la Generalitat», zanjó.
Acciones para avanzar
El presidente del Parlament, Roger Torrent, advirtió que no impedirá ningún debate en el Parlament, pese a la advertencia del Tribunal Constitucional, y alertó de que habrá que analizar si las acciones de la Cámara sirven para avanzar o si «quedan en el terreno meramente simbólico».
Torrent insistió en que, mientras presida el Parlament, defenderá «los derechos de los diputados a poder hablar de todo, sin estridencias ni gesticulaciones, pero con firmeza y estima hacia la institución».
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, defendió que en el Parlament se pueda hablar de todo, pero avisó de que «no puede decidir de cosas que no están en su ámbito de competencia».
«El problema no es de libertad de expresión sino cuando se toman decisiones que van en contra del ordenamiento constitucional o sobre temas que no son competencia del Parlament. No se pueden mezclar las dos cosas», razonó el líder socialista.
