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El abogado de la exconsellera Clara Ponsatí, Aamer Anwar, informó ayer por la tarde de que la Agencia Nacional Contra la Delincuencia de Reino Unido ha aceptado tramitar la euroorden contra la dirigente independentista tras recibir las aclaraciones del juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, por lo que la solicitud de extradición llegará a la justicia escocesa para ser resuelta.
En un comunicado, el letrado explicó que Ponsatí comparecerá ante la policía de Edimburgo el jueves 14 de noviembre, tal como tenía previsto, para ser puesta a disposición del juez.
«Defenderemos firmemente a Clara del abuso de España del proceso de extradición y de cualquier intento de perseguirla por ejercer el mandato democrático del pueblo catalán», añadió Aamer Anwar, y manifestó que parece que el juez Llarena esté «acusando a Clara de desobediencia en lugar de sedición» en sus aclaraciones remitidas a las autoridades británicas».
En sus aclaraciones, Llarena indica que Ponsatí conocía la ilegalidad de las conductas por las que se la reclama por un delito de sedición, e incluye todas las resoluciones del Tribunal Constitucional que fueron desobedecidas por la dirigente independentista. Señala que Ponsatí actuó para «conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente» y añade que, junto al resto del Govern, dio pasos para facilitar la celebración del referéndum del 1-O «pese a conocer la ilegalidad y nulidad del proceso, que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos». El juez del Tribunal Supremo, que en esta ocasión envió el documento también traducido al inglés, contesta así a los requerimientos que se le realizaron el pasado miércoles desde este organismo, integrado en la Unidad Oficina Sirene (cooperación policial europea), y que rechazó incluir a Ponsatí en el fichero de detención ante la falta de argumentos sobre el delito de sedición.
La Comisión Europea, por su parte, evitó ayer valorar que el ministro de Exteriores en funciones y próximo jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, publicara en Twitter información que podría ser confidencial sobre la orden europea de detención contra Clara Ponsatí, y dejó en manos de las autoridades españolas evaluar si vulneró las reglas europeas. Fuentes del Ministerio de Exteriores explicaron posteriormente que Josep Borrell publicó el citado documento en Twitter «sin saber que era un documento restringido y cuando ya había sido publicado por varios medios de comunicación».
