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El Supremo asume la causa contra el Govern y los Jordis

El alto tribunal argumenta que no se puede investigar por separado una maniobra que entiende que fue coral y coordinada, con el expresident Carles Puigdemont a la cabeza

Agencias

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Els exmembres del Govern (d'esquerra a dreta) Joaquín Forn, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull a la seva arribada a la seu de l'Audiència Nacional. FOTO: EFE

Els exmembres del Govern (d'esquerra a dreta) Joaquín Forn, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull a la seva arribada a la seu de l'Audiència Nacional. FOTO: EFE

La supuesta rebelión en Catalunya fue una maniobra coral que nunca habría llegado tan lejos sin la «intervención coordinada» de una «pluralidad de partícipes». Desde la Generalitat (con Carles Puigdemont a la cabeza) hasta parte de la Mesa del Parlamento catalán (empezando por su presidenta, Carme Forcadell), pasando por las plataformas independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omniun Cultural.

Con el argumento de que no se puede investigar por separado una maniobra tan compleja, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidió ayer aceptar gran parte de la investigación sobre el órdago secesionista que se instruía en la Audiencia Nacional y abrir una macrocausa contra el proceso soberanista en Catalunya. Un gran sumario en el que pasan a estar imputadas 22 personas: el expresidente de Cataluña y sus trece consejeros (huidos, encarcelados o en libertad); Forcadell y los cinco miembros de la Mesa que permitieron el trámite de las leyes de desconexión (todos en libertad); y los líderes de las plataformas bajo sospecha, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. 

Lamela se queda los Mossos

El Supremo, en contra del criterio de la Fiscalía, que no veía operativa una mega instrucción judicial, arrastra para sí casi toda la investigación sobre la rebelión, pero no toda. Llarena, en una decisión que es inapelable, rechaza quedarse con las pesquisas sobre la actuación de los Mossos d’Esquadra durante los últimos meses, incluida su supuesta inacción el día del referédum, las órdenes para no actuar en esa jornada, los presuntos seguimientos ilegales a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o la negativa a auxiliar a los guardias civiles acosados por la multitud en los registros de Barcelona el 20 de septiembre.

El alto tribunal cree que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela debe continuar instruyendo la causa que se sigue contra el exmayor del cuerpo, Josep Lluis Trapero, la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, y los agentes de la policía catalana que puedan ser imputados en esta causa. El Supremo considera que la actuación de los policías puede ser investigada de «forma autónoma», ya que son «participaciones añadidas» al núcleo central de la maniobra de la rebelión.

La decisión de Llarena de quedarse con las investigaciones contra el antiguo gobierno de la Generalitat y los ‘Jordis’ puede tener consecuencias inmediatas. Antes, incluso, de las elecciones del 21 de diciembre en Catalunya. El magistrado del Supremo tiene ahora en su mano la posibilidad de dejar en libertad al exvicepresidente, Oriol Junqueras; a los siete exconsejeros que no huyeron a Bélgica y a los líderes de ANC y Omnium.

Fue el propio Pablo Llarena el que el pasado 9 de noviembre abrió lo que ya se ha conocido como ‘vía Forcadell’, dejando en libertad bajo fianza a la presidenta y a los miembros de la Mesa, después de que estos abjuraran de la declaración unilateral de independencia (DUI) y acataran la aplicación del 155. Tanto Junqueras como el resto de exmiembros de la Generalitat en prisión, en sus recursos contra su encarcelamiento, de una u otra forma, tacharon de «simbólica» la declaración de independencia y admitieron la intervención del Gobierno central. El magistrado podría citar a los presos de oficio para revisar su situación o admitir estudiar sus recursos contra el encarcelamiento. 

La conexión

En su auto Pablo Llarena justifica la unificación «por la conexión material inescindible de la naturaleza de los hechos que se están investigando en el Supremo en la causa relacionada con el proceso secesionista». El instructor del Supremo hace así suyo gran parte de los argumentos de la juez Lamela, que defendió ceder su sumario al alto tribunal al considerar que todos los encausados son miembros de la misma «organización criminal». Un grupo -explicaba la instructora de la Audiencia Nacional en su escrito a Llarena-  que «actuaba con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña y su proclamación como república independiente».

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