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El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Gobierno español contra la denominación de ‘Afers Exteriors’ que la Generalitat eligió para el departamento dirigido por Raül Romeva. El TC ha anulado esta referencia por inconstitucional pero permite funcionar a la conselleria. Advierte, eso sí, de que no podrá interferir en competencias exclusivas del Estado.
La sentencia considera que el empleo de la denominación ‘Afers Exteriors’ reproduce de forma «mimética» la del Estado y, en consecuencia, podría dar lugar a «confusión» e interferir en la dirección y ejecución de la política exterior española, que es competencia exclusiva del Estado.
El 29 de junio de 2016, el TC levantó la suspensión que dictó cuatro meses antes sobre las actividades de esta conselleria. Mantuvo la medida cautelar de no permitir la denominación inicial de ‘Afers Exteriors’. La Generalitat ya introdujo un cambio para evitar el conflicto cuando rebautizó el departamento, que pasó del inicial Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, a denominarse, como sigue en la actualidad, Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.
El Govern se abre a pactar esta semana una nueva fecha para la Junta de SeguridadEl TC reproduce doctrina constitucional sobre la competencia del Estado en materia de relaciones internacionales, así como el recordatorio de que la Generalitat puede llevar a cabo actividades con proyección exterior, derivadas de su competencia y para la promoción de sus intereses (artículo 193 del Estatut), siempre y cuando respeten la competencia que la Constitución, en su artículo 149.1.3, atribuye de forma exclusiva al Estado.
El conseller Romeva consideró anoche que la sentencia da respuesta a un debate «nominal y estético» pero no afecta a las competencias de la Generalitat.
Convocatoria unilateral
El Govern, por otra parte, se ha mostrado abierto a no convocar unilateralmente la Junta de Seguridad para el 3 de julio y tratar de pactar esta misma semana una nueva fecha con el Ministerio del Interior para poderla celebrar de forma inminente. Así lo anunció ayer el conseller de Interior, Jordi Jané, después de que el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, le remitiera ayer una carta en la que afirma que le es imposible acudir a la cita del 3 de julio, fecha anunciada de forma unilateral por el president Carles Puigdemont, pero resalta que es «imprescindible lograr ya un entendimiento definitivo».
«No vendrá de un día. Si el 3 de julio no puede, podemos buscar otra fecha. No vendrá de un día arriba o abajo», manifestó ayer Jané, que afirmó que esta misma semana se tendría que cerrar la fecha definitiva para los próximos días o semanas, así como el orden del día. «No hay ninguna excusa para no hacerlo», señaló.
Jané celebró la «voluntad de entendimiento» que se desprende de la misiva de Zoido y celebró que por primera vez haya contestado a una de las propuestas de fecha para celebrar la Junta, ya que las cinco ocasiones anteriores en la que se lo plantearon no contestó.
Jané insistió en la necesidad de que la Junta de Seguridad, que no se reúne desde 2009, sirva para activar «todos» los mecanismos para impulsar la máxima colaboración policial, de forma que los Mossos d’Esquadra se puedan integrar en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco).
La Generalitat ya cambió el nombre por el de ‘Afers i Relacions Institucionals i Exteriors’El conseller recordó que hasta ahora los Mossos iban como invitados a las reuniones de evaluación del riesgo antiterrorista, por lo que si pasan a formar parte de este organismo estarán conectados ya de forma permanente al intercambio de datos.
Despliegue de los Mossos
Otro de los puntos que el Govern pretende lograr en la reunión es que se permita a los Mossos d’Esquadra seguir con las persecuciones en caliente en el ámbito de la lucha antiterrorista cruzando la frontera francesa, como se ha decidido recientemente para la Ertzaina en la Junta de Seguridad del País Vasco. La mera celebración de la Junta de Seguridad certificaría además el despliegue de los Mossos d’Esquadra entre 2010 y 2013, ante lo que la Generalitat reclama una deuda de más de 600 millones de euros pendientes de abonar desde entonces por el incremento de la plantilla de la policía catalana.
