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A tres meses para el referéndum del 1 de octubre y a una semana de que Carles Puigdemont explique cómo piensa organizar la votación, la Generalitat admitió ayer que ni tiene urnas ni encuentra empresas que puedan fabricarlas. Un escollo, pero no el único, porque también falta un censo y no existe, a día de hoy, una ley que ampare la consulta.
El Govern anunció que ha declarado desierto el concurso porque las empresas seleccionadas no cumplían los requisitos para su homologación. Se trataba de un trámite previo a la adjudicación y las dos compañías que se habían presentado para producir 8.000 urnas de metacrilato –Plastic Express y una UTE formada por Espal World y Suministros Integrales Futbida– no han superado las condiciones que había impuesto la administración catalana.
El Govern acusa al Ejecutivo español por haber presionado y amenazado a las empresas, que se autodescartaron presentando una documentación insuficienteEl Govern habló de factores «técnicos y económicos», y dijo que el procedimiento de homologación no había sido exitoso por la solvencia económica de las empresas. Pero sobre todo culpó al Ejecutivo español por haber presionado y amenazado a las empresas, lo que ha podido ser determinante para que las dos firmas que optaban al concurso se hayan autodescartado presentando una documentación insuficiente. Según trascendió a través de TV3, al menos una de las empresas fue visitada por la Guardia Civil como mesura de presión para que desistiese. También según TV3, las empresas que pretendían formar la UTE para participar en el concurso de las urnas, no la pudieron constituir porque ningún notario se prestó a realizar el trámite.
Desde el Gobierno español vincularon la decisión del Ejecutivo de Puigdemont a la admisión, por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de la querella presentada por la Fiscalía contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs, y contra su número dos por el concurso de las urnas. Fuentes de la Moncloa apuntaron que Puigdemont había frenado la licitación de las urnas como consecuencia de los efectos judiciales que comporta seguir adelante con el concurso. La CUP también cree que en la Generalitat se ha instalado el temor a firmar la orden de adquisición de urnas por miedo a las inhabilitaciones.
La Guardia Civil visitó una de las empresas como medida de presión para que desistieseCumbre de urgencia
El caso es que los nervios se instalaron ayer en el independentismo y se convocó una reunión de urgencia en el Palau de la Generalitat entre Junts pel Sí, la CUP, las entidades de la sociedad civil y el President Carles Puigdemont. Un cierre de filas para tranquilizar los ánimos. Puigdemont se comprometió a despejar todas las dudas en el acto del martes día 4 de julio ya anunciado.
A pesar de las dificultades, la Generalitat mantuvo ayer «intacto» el objetivo de adquirir las urnas y aseguró que estudiará «otras vías» legales para obtenerlas. «Evidentemente que habrá urnas. La voluntad del Govern es hacer un referéndum, y para hacer un referéndum se necesitan urnas», dijo Neus Munté. La consellera portavoz, sin embargo, no fue capaz de precisar qué procedimiento se empleará para la compra. Tiene dos opciones: puede iniciar otra vía de contratación, o decidir que las urnas no las compre la administración, lo que desvirtuaría la convocatoria.
El president Puigdemont promete que habrá urnas y se votaráEl referéndum se encuentra de hecho en un momento delicado después de que trascendiera también que el Govern no da con la tecla para conseguir que los catalanes residentes en el extranjero, más de 220.000, puedan votar.
«Con la voluntad de adquirir urnas para todos los futuros procesos electorales, analizaremos la legislación y todas las vías legales que existen y optaremos por la más garantista», manifestó Munté.
