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La exconsellera Clara Ponsatí quedó ayer en libertad provisional al comienzo de su juicio de extradición a España, que la reclama por su papel en el referéndum del 1-O declarado ilegal por la justicia española.
Su bufete legal confirmó a Efe que Ponsatí quedó libre «sin ninguna condición ni fianza económica y sin tener que entregar su pasaporte», con la única obligación de asistir a la próxima audiencia preliminar, fijada para el 12 de diciembre.
La corte del Sheriff de Edimburgo, en Escocia, aceptó la solicitud del abogado defensor, Aamer Anwar, de dejarla libre mientras dura el proceso contra la economista de 62 años, que afronta en España el cargo de sedición por la convocatoria de ese plebiscito.
Ponsatí, que es profesora de Económicas en Saint Andrews, comparecerá en otra vista preparatoria el 12 de diciembre, tras lo cual se celebrarán las vistas clave «en la primavera de 2020», según su representante legal.
Tras conocer que quedaba libre, y según explicó Aamer Anwar en Twitter, Ponsatí declaró: «¡Hemos ganado la batalla pero no la guerra, aún queda un largo camino!», y pidió donativos a su página de recaudación de fondos.
El abogado explicó que Ponsatí «afronta un único cargo de sedición» de acuerdo con la euroorden emitida por el Tribunal Supremo español, que, según dijo, «está llena de contradicciones y errores». Esto sería a pesar de las aclaraciones que ofreció la semana pasada el juez español Pablo Llarena, después de que una primera versión de la orden europea de detención fuera rechazada por las autoridades británicas. Según Anwar, «aunque acusa a Clara de todo, no ofrece ejemplos de ninguno de los supuestos delitos».
El abogado rebatió la posición que, según sus palabras, expuso ayer el fiscal, en representación de la justicia española, que arguyó que los actos contra el Estado «no pueden ser tolerados». Adelantó que el argumento de la exconsellera durante este proceso de extradición será que, de ser entregada, no tiene garantizado el derecho a «un juicio justo» y se expone a «un simulacro» judicial donde «el único veredicto posible es el de culpable».
La defensa, añadió, también detallará los presuntos «abusos por parte del Estado español» en su gestión de la crisis en Catalunya, y no descarta llamar a declarar a políticos españoles, algunos de los cuales –dijo– han tratado de «interferir» en el proceso escocés.
Clara Ponsatí considera las acusaciones en su contra «políticamente motivadas», remachó Anwar, que recordó que el «arcaico» delito de sedición es del siglo XVI y «por suerte Escocia lo abolió hace mucho tiempo».
En su aclaración de la orden inicial, el juez Pablo Llarena explicó que, junto al resto del Govern, Ponsatí dio pasos para facilitar la celebración del 1-O «pese a conocer la ilegalidad y nulidad del proceso, que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos». Según el escrito del juez, Ponsatí, en su condición de autoridad pública el 6 y el 29 de septiembre de 2017, «desobedeció las resoluciones y los requerimientos reiterados del Tribunal Constitucional del Reino de España, así como la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya», y tomó medidas para celebrar el referéndum. «Todo ello con el objetivo de conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente», concluía el informe aclaratorio de la euroorden.
