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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha puesto toda la carne en el asador para intentar convencer a la Fiscalía y al Tribunal Superior del estado alemán de Sechlewsig Holstein de la legalidad de la entrega de Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación. En la euroorden remitida por el magistrado a la División de Cooperación Internacional de la Policía, Llarena hace hincapié en la violencia durante el ‘procés’, al tiempo que encuadra la supuesta malversación como una «infracción de corrupción», uno de los ilícitos que contempla expresamente la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).
En un documento de 15 páginas, Llarena enumera todos los incidentes violentos producidos durante los últimos días de septiembre y primeros de octubre, coincidiendo con la celebración del referéndum el 1-O. El magistrado, incluso, incluye los números de placas de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que resultaron heridos durante la represión de la consulta.
El delito de rebelión en España, tipificado en el artículo 472 del Código Penal, requiere que exista un «alzamiento violento y público» para, entre otros objetivos, «declarar la independencia de una parte del territorio nacional». Llarena sabe que en Alemania la rebelión, como tal, no existe como delito y que el ilícito más cercano sería el de alta traición, que prevé penas de hasta 25 años de cárcel para aquel que, también, «con violencia o amenaza de violencia» atente contra la existencia de la República Federal de Alemania o intente cambiar el orden constitucional alemán.
315 actos de «violencia»
Por ello, el interés de Llarena en subrayar la violencia durante el ‘procés’ y situar a Puigdemont en la cúspide de la estrategia que movió esos actos de fuerza. El juez, señalan estas mismas fuentes, se plantea ampliar el texto de la OEDE con los nuevos datos remitidos por la Guardia Civil sobre altercados en Cataluña a cuenta del desafío independentista. El instituto armado ha remitido al Supremo un nuevo informe en el que documenta de forma pormenorizada hasta 315 actos de «violencia y agresión» entre el 1 de septiembre y el 8 de noviembre de 2017. Según el análisis de los agentes, en ese período hubo 193 cortes de carreteras o vías férreas en Catalunya y 122 episodios de agresiones a las fuerzas de seguridad del Estado, desde lanzamientos de artefactos caseros a agresiones personales. Son, según los atestados, «actos de agresión, daños, así como de grave resistencia o amedrentamiento» dentro de un «levantamiento» con el objetivo de provocar un «cisma» con el Estado.
De acuerdo con el informe remitido a Alemania, los responsables del ‘procés’, entre ellos Puigdemont, se «valieron de la población, alentando actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando carreteras y calles, bloqueando edificios públicos y sometiendo a las autoridades judiciales y a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad a un incesante acoso».
El otro eje de la euroorden de Llarena es afianzar la entrega por malversación de caudales públicos. En la última página del documento, el juez marca la casilla de «corrupción» como una de las «infracciones» por las que se reclama la entrega de Puigdemont. La corrupción, que como tal no es un delito ni en España ni en Alemania, es uno de los 30 supuestos estándar (como el narcotráfico o el homicidio) para los que es de aplicación directa la OEDE.
