Llarena declara en rebeldía a Puigdemont y el resto de fugados, que quedan en una pieza separada

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga el proceso independentista en Catalunya, ha declarado en rebeldía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de investigados huidos, al tiempo que ha abierto una pieza separada sobre su situación hasta que ésta se resuelva. 

En un auto con fecha 9 de julio de 2018, el magistrado constata que Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Marta Rovira y Anna Gabriel huyeron a otros países con motivo de su investigación en este procedimiento, de modo que a todos ellos les aplica el artículo 834 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). 

Según explica Llarena en su auto, en dicho artículo la norma establece que un procesado será declarado en rebeldía si en los términos fijados en la requisitoria del juez no se presenta ante éste o ante otro tribunal que conozca la causa. 

El artículo 839 de la misma ley determina que, transcurrido el plazo de la requisitoria sin haber comparecido o sin haber sido presentado el ausente, se le declarará rebelde, habiendo de continuar el sumario hasta que se declare terminado por el juez competente, suspendiéndose después su curso, salvo en los supuestos en que fueren dos o más los procesados y no a todos se les hubiese declarado en rebeldía, en los que la suspensión del curso de la causa procederá únicamente respecto de los rebeldes. 

De este modo, dado que el instructor del 'procés' ha concluido ya --en un auto diferente también del 9 de julio-- la investigación, la causa sigue abierta contra los siete huidos en una pieza separada que no se cerrará hasta que se resuelva su situación. 

Y así, de continuar huidos Puigdemont, Puig, Comín, Serret, Ponsatí, Rovira y Gabriel, la causa continuará abierta para ellos, mientras que los otros 18 procesados que sí están a disposición del magistrado instructor, se enfrentarán a la apertura de juicio oral, si así lo decide la Sala de lo Penal del Supremo. 

Es por ello que Llarena ha perdido la competencia sobre los 18 procesados para los que ha acordado la conclusión del sumario, mientras que sigue siendo el juez competente con respecto a los siete huidos.