Madrid tira la toalla con los Mossos y asume que retirará urnas en solitario

«Nos dejan el trabajo sucio. Ellos no se van a manchar las manos, aunque nunca lo van a admitir públicamente porque sería una desobediencia manifiesta». Son las palabras con las que un alto responsable del Ministerio del Interior resumió la hora y media de la improductiva reunión de la Junta de Seguridad de Catalunya. El enfado entre la delegación del Gobierno central fue mayúsculo y hubo incluso quien, en privado, habló de «tomadura de pelo» por parte de la Generalitat, cuando (por boca del conseller de Interior Joaquim Forn) prometió que los Mossos intentarán «cumplir con las decisiones judiciales» que ordenan el cierre de colegios al mismo tiempo que aseguraba que el «compromiso del Govern es muy claro y es que se pueda votar con normalidad». «La cuadratura del círculo» y «más ambigüedades». «lo de siempre» se quejaron algunos de los mandos de las fuerzas de seguridad del Estado.

No hubo sorpresas, por tanto, para el equipo que Juan Ignacio Zoido envió a la cumbre que el president Carles Puigdemont convocó. Para lo que sí que sirvió fue para que la Secretaría de Estado de Seguridad tirara «definitivamente» la toalla con la implicación de los Mossos para abortar el 1-O y ordenara acabar de cerrar los flecos de un plan para el domingo que prevé el cierre de colegios y la retirada de urnas con los efectivos exclusivamente de la Policía y la Guardia Civil.

Ni Forn, ni Puigdemont, ni el mayor de los Mosos, Josep Lluís Trapero, ni nadie de la comitiva del Ejecutivo autonómico dijo que los Mossos no acatarán las órdenes de Diego Pérez de los Cobos

Interior no cuenta ni siquiera con la «coordinación» de la policía autonómica, sobre todo después de que Forn volviera a dejar claro al jefe de la delegación del Ejecutivo central, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que la Generalitat se opone a que un mando de Interior, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos (presente ayer también en la reunión), sea el «coordinador» del despliegue de seguridad. 

Ni Forn, ni Puigdemont, ni el mayor de los Mosos, Josep Lluís Trapero, ni nadie de la comitiva del Ejecutivo autonómico dijo que los Mossos no acatarán las órdenes de Diego Pérez de los Cobos, a quien el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmado al frente del operativo. Pero anduvieron muy cerca. El que más, el conseller de Interior, quien, dentro de su calculada ambigüedad, lanzó un mensaje muy claro: «Los Mossos decidirán cómo actuar el domingo porque son los competentes en Catalunya». Y la prioridad para la policía autonómica  es la «convivencia ciudadana» por encima de «las decisiones judiciales».

«Es una evidencia (la existencia de la orden de los cierres de los colegios), pero queremos dejar claro que lo más importante es salvaguardar la convivencia», insistieron. «Cualquier actuación policial debe salvaguardar la convivencia ciudadana», apostilló una y otra vez Forn, parapetándose en que los Mossos tienen la premisa de actuar con «oportunidad, proporcionalidad y congruencia». Tres conceptos abstractos en los que Interior solo ve «excusas» para, a posteriori, justificar su no actuación.

«Cualquier actuación policial debe salvaguardar la convivencia ciudadana»

Nieto y Pérez de los Cobos fueron a Barcelona con instrucciones de no echar más leña al fuego sabedores de que no iba a salir nada de la Junta, pero con un triple encargo. Por un lado, pedir a la Generalitat que suspenda el referéndum, esta vez no solo por ilegal sino por motivos de seguridad pública. La respuesta, obviamente fue un ‘no’ rotundo, a pesar de que Interior argumentó que «la movilización callejera está liderada por lo más radical del independentismo y que forzar a salir a la gente a la calle solo puede generar disturbios».

El segundo encargo era ofrecer a la Generalitat «todos los medios para ayudar a los Mossos a cumplir las órdenes de la magistrada del TSJC», Mercedes Armas, quien el miércoles ya ordenó el cierre de todos los colegios el 1-O. Esta oferta, según fuentes de la reunión, tuvo la callada por respuesta.

Y el tercer encargo, si no había contestación a los anteriores puntos, tal y como era previsible, era avisar a la Generalitat de que la Policía Nacional y la Guardia Civil, con independencia de lo que hagan los agentes catalanes, tienen la «absoluta determinación» de frenar el referéndum del 1-O en la «absoluta defensa de la legalidad, la protección del Estado de Derecho y el mantenimiento de la convivencia pacífica».