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Micros y cámaras ocultos en domicilios y coches, inspecciones en las basuras, localizadores en vehículos, teléfonos intervenidos y seguimientos intensivos durante meses: así desarticuló la Guardia Civil la red de CDR acusada de preparar sabotajes con explosivos.
Hace más de un año que la Audiencia Nacional inició la investigación, bajo secreto de sumario, que el pasado mes de septiembre culminó con la detención de nueve presuntos miembros de los autodenominados Equipos Respuesta Táctica (ERT), grupo de CDR radicalizados que el juez sospecha empezaron a organizarse y a tramar sabotajes con explosivos.
Según consta en el sumario, la causa se abrió por los delitos de sedición y rebelión y en sus inicios se centró en la actividad de los cerca de 200 Comités de Defensa de la República (CDR), herederos de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) que se crearon antes del 1-O.
Ya en 2018, las conversaciones telefónicas intervenidas dieron pie a que se abriera una pieza separada por delitos de terrorismo, ante los indicios de que algunos miembros de los CDR habían empezado a experimentar con explosivos, para utilizarlos en ataques a infraestructuras clave que contribuyeran a la desestabilización política y económica, especialmente tras la sentencia del Procés.
Desde entonces, la Guardia Civil ha seguido los pasos de los CDR detenidos por terrorismo, en uno de los mayores despliegues de medios tecnológicos de investigación de los últimos años, con sistemas de grabación de vídeo y audio en viviendas y coches de los detenidos, instalados furtivamente con autorización judicial.
Desde las primeras pesquisas, la Guardia Civil advirtió de que era de «suma importancia» mantener una investigación «exhaustiva e ininterrumpida» sobre los sospechosos, por lo que el juez les autorizó a emplear dispositivos de localización y a instalar micros y cámaras en dos supuestos «laboratorios clandestinos» en Sant Fost de Campcentelles (Barcelona) y Sabadell (Barcelona) y en los vehículos particulares de los nueve CDR.
Con el fin de instalar esos dispositivos en los coches, el juez ordenó a las marcas de automóviles que entregaran a la Guardia Civil una copia de las llaves, para facilitar el acceso a los agentes sin levantar sospechas.
