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Los alcaldes de la N-340 están impacientes. Llevan años reclamando soluciones a la alta siniestralidad y a los colapsos de esta carretera en sus distintos tramos del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre. Ayer se reunieron con el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en la sede de la conselleria, para tratar esta problemática. Y Rull les dijo que el Ministerio de Fomento comunicó a la Generalitat que «estaría dispuesto» a interceder en la causa permitiendo el desvío de los camiones hacia la AP-7 con bonificaciones en los peajes.
Se trataría, pues, del modelo instaurado en Girona. Pero no es la solución deseada. Y los representantes del territorio mostraron su disconformidad al respecto. Aseguran que el Estado nunca les ha demostrado predisposición para solucionar el tema, y señalan que no aceptarían «en ningún caso» un desvío del tráfico pesado como solución. Insisten en que la solución pasa por levantar los peajes de la AP-7 para todos los vehículos hasta que la carretera nacional no disponga de la autovía A-7 como alternativa.
Sin propuesta formal
Martí Carnicer, alcalde de El Vendrell y portavoz de los representantes municipales, aseguró que «ni España ni la empresa concesionaria de la autopista nos han formulado oficialmente esta propuesta». Pero quiso remarcar de nuevo que no la aceptarían. «La bonificación de los camiones no es viable, no funciona», sentenció Carnicer, subrayando que «hacen falta bonificaciones generalizadas para todo el tráfico y desplazamientos, que den salida a los problemas que el territorio sufre en movilidad, seguridad, sostenibilidad y competitividad». Para ilustrar la situación de los municipios afectados por la N-340, Martí Carnicer puso como ejemplo El Vendrell, donde la carretera soporta una intensidad de tráfico media de 30.000 vehículos cada día. «Es de las más elevadas de España», aseguró.
El alcalde de Altafulla y miembro del Pacte de Berà, Fèlix Alonso, manifestó que el encuentro sirvió para definir cuáles son las coincidencias y las divergencias. Pero lamentó que todavía «no hay ningún hecho claro», y que Tarragona se encuentra en una situación «complicada y de incomodidad que va más allá de la N-340». «Sin sur no existe el norte», puntualizó Alonso.
Compromiso incumplido
Por su parte, la presidenta del Consell Comarcal del Montsià, Carme Navarro, reiteró que la reivindicación de convertir en gratuita la autopista AP-7 ya se hizo al conseller Santi Vila en la pasada legislatura, «pero todavía no se ha dado cumplimiento al compromiso que se había adquirido». «Esperamos que el conseller Rull defienda las instituciones municipales del Ebre y el Camp en el momento de exigir al Estado que atienda las necesidades del territorio y cumpla los compromisos», añadió.
Asimismo, el conseller, que insistió en que «el territorio quiere soluciones y nosotros estaremos a su lado», también avanzó que la Generalitat aspira a «gestionar todas las vías de alta capacidad», por lo que a finales de este 2016 presentarán a Fomento una propuesta según la cual en Catalunya se implantaría un nuevo modelo de pago en las autopistas. La intención del Govern sería, pues, que las vías rápidas tengan unos peajes que oscilen en función del uso y la contaminación.
Además de los representantes locales y comarcales, a la reunión mantenida ayer en Barcelona también asistieron el delegado del Govern en el Camp de Tarragona, Òscar Peris; el delegado en las Terres de l’Ebre, Xavier Pallarès; el secretario de Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font; y la directora del Servei Català de Trànsit, Eugenia Domènech.
