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60 propietarios de Vilafortuny piden al juez una orden de alejamiento para okupas

Consiguen echar a una pareja y a sus hijos alegando al juez diferentes delitos: defraudación de luz y agua, chantaje, amenazas y extorsión

Jordi Cabré

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Esta casa, que no es visible desde la avenida Vilafortuny, fue ocupada a plena luz del día el 9 de agosto tras forzar y cambiar la cerradura. Foto: DT

Esta casa, que no es visible desde la avenida Vilafortuny, fue ocupada a plena luz del día el 9 de agosto tras forzar y cambiar la cerradura. Foto: DT

La comunidad de propietarios de Villajardín, un conjunto de 60 viviendas de la avenida de Vilafortuny ha solicitado al juez una orden de alejamiento para una familia de okupas que desde el 9 de agosto y hasta el 6 de septiembre residieron en una casa que hacía pocas semanas pasó a manos del Banc Sabadell.

Tras 28 días de ‘convivencia’, la familia se marchó tras conseguir que un juez ordenara cortar la luz y agua de la vivienda y, una vez fuera, los vecinos precintar la puerta. Tras su marcha, los vecinos han vigilado día y noche para que no hubiera nuevas entradas ilegales.

Aunque el éxito de la desocupación ha sido extremadamente rápido comparada con casos similares en Cambrils, los vecinos no se han conformado con ello y han pedido nuevamente al juez que emita una orden de alejamiento contra esta pareja de un mínimo de 700 metros. Falta la resolución judicial a la petición de la comunidad.

La razón de la medida viene argumentada en un recurso de reposición que ha realizado la comunidad de propietarios tras la última resolución del juez para desocupar la vivienda.

Los vecinos argumentan en el escrito que la ‘convivencia’ durante estas semanas ha sido «infernal» y muchos de los titulares –tienen allí la segunda residencia– «han decidido cancelar su estancia en Cambrils y volver a sus puntos de origen», explican fuentes de la comunidad de propietarios.

De hecho, la junta de esta comunidad ha recibido amenazas y chantaje –la familia aceptaba abandonar la casa si los vecinos les entregaban 3.000 euros en efectivo–. En el escrito para el magistrado se expone que la familia habría cometido otros delitos –usurpación de inmueble y defraudación de agua y electricidad– y que en ningún la ocupación de la casa sería un caso de necesidad.

«Llegaron a plena luz del día, forzaron el bombín sin preocuparse de miradas ajenas y a pesar de recriminarles su actitud, nos amenazaron y entraron. A pesar de la llegada de la Policía Local, no los echaron aunque quedaba claro quye estaban cometiendo un delito de robo con fuerza. Al marcharse los agentes, entraron objetos para justificar la ocupación y dejar en manos del banco la denuncia», explican desde la comunidad de propietarios. En la denuncia, los okupas explican que no tenían recursos económicos y que «debían dormir en algún sitio». Sin embargo, la declaración ante la policía defienden que llevaban una semana allí y ante el juez explicaron que habían pernoctado en casa de un familiar antes de trasladarse.

Desde ese día, los nuevos inquilinos de la casa 59 disfrutaron de los servicios comunes, sobre todo de la piscina provocando «que muchos propietarios se sintieron amenazados y temieron por su propia seguridad».

La situación tensa duró hasta el día 6 de septiembre, cuando la comunidad logró una orden judicial para cortar de nuevo la luz y el agua y precintar la casa. Los okupas se vieron forzados a marcharse y explicaron al Diari que los vecinos los humillaron e incluso les lanzaron insultos racistas. Y que tras esta presión y la ‘mala educación’ de la comunidad se vieron forzados a irse. Su versión contrasta con la ofrecida por los propietarios de Villajardín.

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