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Las dos personas que resultaron heridas en la explosión de una casa de Calafell en la que se encontraron un centenar de plantas de marihuana tenían licencia para abrir un club de cannabis.
Según explican desde el Ayuntamiento, el local estaba previsto para abrirlo en un antiguo restaurante de Segur ya cerrado y en unos 15 días podría haberse inaugurado. El alcalde Ramon Ferré destaca que se solicitó licencia y se había concedido.
Controlada
La licencia sin embargo no permitía la plantación encontrada, que en todo caso debe estar controlada, y menos la ocupación de una vivienda. De hecho los mossos ya han denunciado a los heridos en la deflagración por un delito contra la salud pública y por otro de daños.
La situación ha provocado que en Calafell se pretenda activar de urgencia una mesa de estudio para regular la apertura de locales con autorización para fumar cannabis. Ahora en Calafell hay siete locales con esa licencia.
Votada en contra
Sorprende la urgencia porque el pasado año no pudo aprobarse una regulación ante la negativa de los grupos de la oposición de CiU, CUP y el concejal no adscrito, que ahora plantean la necesidad de la normativa.
El alcalde Ramon Ferré señala que desde que no pudo aprobarse la regulación «por el voto en contra de la oposición, han abierto tres clubs de cannabis. Ahora la oposición se ha dado cuenta de que hay que regularlos». Aquella moción para poner una normativa la planteó PSC-PP-UAM y Ciudadanos.
En cualquier lugar
La necesidad de normas fue porque entonces Calafell había tres clubs y llegó la solicitud para abrir un cuarto en el núcleo del pueblo. Se redactó una regulación ‘de urgencia’ para poner freno a esa actividad pero no pudo ser aprobada, por lo que se permitía abrirlos en cualquier lugar del municipio.
El suceso de la explosión ha levantado las alarmas y en la comisión de ayer la oposición planteó la necesidad de analizar la situación y una regulación porque ante cualquier solicitud de licencia el Ayuntamiento no puede negarse a concederla.
Evitar plantaciones
Cualquier regulación, al tratarse de una modificación urbanística, necesita de mayoría absoluta para poder ser aprobada. Los partidos políticos intentarán encontrar ahora una forma de regular este tipo de locales.
Ramon Ferré destacó también la necesidad de la normativa para evitar la proliferación de plantaciones de marihuana en muchas casas ocupadas de forma ilegal. Una situación que preocupa tanto por las ocupaciones como por el delito contra la salud pública.
La propuesta que presentó el gobierno en 2016 era urgente porque la suspensión de licencias que decretó el anterior gobierno de CiU en noviembre de 2014, desde ese mismo mes de 2015 estaba en falso.
En su día se dijo que se redactaría una regulación pero no se hizo. Desde ese momento las licencias sólo debían cumplir la compatibilidad urbanística y de actividad comercial.
La regulación que se planteó el pasado año proponía que los clubs no pudieran abrir más de 8 horas al día y debían estar a más de 300 metros de un equipamiento público.
Destacaba también que la distancia mínima entre este tipo de establecimientos debe ser de 500 metros y que al ser necesaria una licencia de local de pública concurrencia debe tener un número de lavabos en función del aforo y salida de humos. Las licencias serían revisadas cada cinco años.
El concejal de Urbanismo Miguel Angel Perín explicó entonces que «no hemos inventado nada. La propuesta está calcada de cómo se regula esta actividad en Vilanova i la Geltrú».
La oposición la rechazó por muy estricta e improvisada, como argumentó la CUP, o por no haber participado en su estudio, como lamentó CiU.
