El juzgado penal de Tarragona ha condenado a cinco años de inhabilitación para empleo y cargo público y al pago de 15.000 euros al exconcejal de seguridad ciudadana, Francesc Clavero, por haber retirado 770 multas de tráfico puestas por la Policía Local, cuando era responsable del área de gobernación.
Las sanciones corresponden a entre los años 2011 y 2015 y eran de zona azul por no poner el tíquet los propietarios de los vehículos. Según a sentencia, las multas fueron perdonadas al mismo concejal, a familiares directos, otros concejales del equipo de gobierno de aquel mandato y a sus familias y a otras personas.
Clavero ha querido poner freno a una situación que se arrastraba hace ocho años y ha aceptado la inhabilitación por cinco años por prevaricación y al pago de la cantidad. No obstante inicialmente los representantes del Ayuntamiento solicitaban nueve años de inhabilitación por malversación, que hubiese podido comportar pena de cárcel.
Sin malversación
Sin embargo durante el juicio ni la Fiscalía ni el juez ha observado la malversación, que ha quedado descartada y han señalado la prevaricación. Las partes llegaron a un acuerdo que pone fin al litigio.
El juzgado ha destacado que Clavero abonó los 15.000 euros antes del juicio en concepto de responsabilidad civil y gastos derivados del procedimiento judicial. Tanto el condenado, como la fiscalía como el Ayuntamiento de Calafell, que se personó como acusación popular, no recurrirán la sentencia, polo que esta es firme.
El caso de las multas perdonadas ha estado presente de forma arrojadiza en la política local de Calafell en los últimos años. A ello ha contribuido una excesiva dilación judicial del caso, que como indica la sentencia no es atribuible a la acción del acusado. Incluso en el juicio se indicó que esa dilación ha supuesto también un daño para el ex concejal.
Destapado por un agente
El caso lo destapó un agente de la Policía Local ante la Fiscalía al ver que no se tramitaban seis multas que puso en 2014 a diferentes vehículos. Esas multas quedaban sin cursar porque eran retiradas. El argumento siempre era el de «otros motivos».
El argumento que se dio al agente fue que en la sanción no se leía bien quien era el policía que cursó la denuncia. Una justificación que el juzgado consideró poco consistente por lo que abrió el caso.
Algunos de los vehículos fueron perdonados en hasta 40 ocasiones. La sentencia señala que en muchos casos no había justificación legal para la retirada de la multa. La sentencia, a la que ha tenido acceso el Diari, detalla cada uno de los vehículos y el nombre de sus propietarios sancionados y que fueron perdonados.
Particulares
Durante la instrucción del caso, Clavero alegó que las multas retiradas eran de vehículos particulares que prestaban una función oficial cuando fueron denunciados. El mismo regidor aseveró que perdonó las multas bajo un criterio de «máxima objetividad».
El caso motivó una tormenta política. El concejal ya dijo en su día que no hizo más que lo que se había hecho anteriormente cuando él no estaba en el Ayuntamiento y que incluso ya siendo concejal le indicaron que podían retirarse esas multas de zona azul con el epígrafe de «otros motivos».
Sistemático
El juzgado de El Vendrell, donde comenzó la causa tras la denuncia del agente de policía que alertó que no se tramitaban sus multas, señaló en 2019 que estaba acreditado que en el Ayuntamiento de Calafell «ha existido desde hace años» a modo de «sistemática paraadministrativa», un sistema de cancelación arbitraria de multas de tráfico por motivos «no suficientemente reglados y habitualmente injustificables».
A algunos vehículos se le llegaron a retirar un centenar de multas por no abonar la zona azul. Clavero también explicó que eran coches que realizaban trabajos para el Ayuntamiento y tenían motivos justificados.
