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El Tribunal de Cuentas avala la indemnización a una empresa

El tribunal considera justificado el dinero que pagó el consistorio de Cunit a la firma que dejó a medio hacer las obras de la piscina

José M. Baselga

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La indemnización para la piscina y el pabellón ha generado polémica durante años entre los partidos. Foto: DT

La indemnización para la piscina y el pabellón ha generado polémica durante años entre los partidos. Foto: DT

El Tribunal de Cuentas (TC) sentencia que la indemnización de 500.000 euros que pagó el Ayuntamiento de Cunit en 2006, con PSC y PP en el gobierno, a la empresa que dejó a medio hacer las obras de la piscina y pabellón municipal estaba justificada.

El TC ya archivó la causa en un primer momento, pero el actual gobierno (CiU-ERC-ICV) recurrió y exigió responsabilidades a quienes aprobaron el pago. La sentencia desestima la demanda y obliga a los denunciantes a pagar las costas judiciales.

La exalcaldesa, Judith Alberich (PSC), señala que la sentencia «demuestra que no hubo trato de favor» y que el dinero era el que destinó la empresa a la obra. Alberich se muestra satisfecha ya que durante el años la indemnización ha sido un arma arrojadiza del actual gobierno contra su predecesor.

Los hechos

En mayo de 2006 el Ayuntamiento aprobó la concesión de la obra y explotación de la piscina. Pero la unión temporal de empresas que debía hacerla no estaba constituida cuando se le adjudicó y no podía empezar la actividad.

Las cláusulas no recogían el importe y establecían que el contrato se formalizaría en 60 días y que se desestimará si la empresa no presenta garantías. Se adjudica la obra por 4,6 millones y una aportación del Ayuntamiento de 600.000 euros. La interventora discrepó porque exigía la garantía y el Ayuntamiento resolvió el contrato por falta de garantías.

El adjudicatario argumentó que había invertido 204.000 euros. Pero se indemnizó a la empresa con 500.000 euros, a pesar de que no había el obligatorio informe de intervención, crédito ni el informe de un arquitecto que justificase el pago.

En mayo de 2007 la interventora hizo otro informe contra el pago y recordó que no había crédito y que los responsables son los que autoricen el pago, pero la Junta de Gobierno lo autorizó.

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