El Tiempo
Estado Carreteras
Whatsapp
Encuesta
Directorio Empresas
Juegos
Mañana, Antonio y Eulàlia tenían la amenaza de tener dejar la casa de Bellvei en la que viven desde hace dos décadas, porque estaba previsto un desahucio. Si embargo pueden respirar más tranquilos. El juzgado ha dejado en suspenso el lanzamiento. Antonio y Eulàlia encontraron el apoyo de vecinos, del Ayuntamiento de Bellvei y del Sindicat de Llogaters del Penedès, que denunciaron que la familia podía verse en la calle después que aportasen la vivienda como dación en pago y estuviesen pagando durante años un alquiler social que les puso el banco.
La familia pedía poder seguir en su casa porque no tienen una alternativa habitacional. En la comarca apenas hay viviendas para esas emergencias.
El Sindicat denuncia que después de firmar un alquiler social, una vez acabado el contrato, no se les renueve. La familia aceptó una dación en 2012 después de que no poder hacer frente a la hipoteca. Además de la dación, por la que la propiedad pasaba al banco, firmaron un contrato de alquiler por cinco años, con una cuota de 200 euros, que han pagado cada mes.
Sin renovación
Pero finalizado el plazo del contrato, la propietaria de la vivienda se niega a renovarlo. La familia firmó la dación con un banco, pero éste titulizó las hipotecas y ahora la propiedad es de un fondo.
La prioridad era paralizar el lanzamiento de la familia. El Sindicat explica que se ha logrado, lo que da algo de aire a la familia. Antonio, de 50 años, se dedicaba al transporte y ahora está sin empleo. Eulàlia está convaleciente de una intervención que le impedirá trabajar.
Negociar
Ahora, el objetivo es negociar un alquiler social para evitar que la familia se vea en la calle. Pero no han recibido respuesta de la propiedad. La situación revela una problemática que se va a hacer visible en los próximos meses. Muchos contratos de alquiler social que se acordaron con las daciones están acabando y los bancos optan por no renovarlos «y echar a la gente a la calle».
Antonio García, representante del Sindicat en el Baix Penedès, señala que «después de disfrazar estos contratos como una obra social, los bancos han entrado en una nueva fase y expulsan a los inquilinos cuando nadie mira». A la situación se une una falta de viviendas sociales y de promociones por parte de administraciones.
