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En la plaza del Carrilet de Salou, una persiana verde oliva bajada indica que Solgestion Servicios Inmobiliarios está cerrada. Algunos vecinos señalan que no es cosa de días, sino de muchos meses. Quizá tenga relación con una larga enfermedad de él, Albert Franquet. Ella se llama Mónica Assamà. Además de letrada, es administradora de fincas.
Su placa como abogada y otra identificativa como colegiada de Administraciones de Fincas son visibles en la fachada de ladrillo rojo. Ambos grados universitarios aportarían garantías a la clientela de que Solgestión era una empresa solvente y que estaría capacitada para gestionar las comunidades de propietarios de Salou, Reus y de alguna otra población del entorno.
Sin embargo, la credibilidad de la empresa familiar parece que empieza a generar dudas. El Diari ha hablado con diferentes comunidades de propietarios que habían contratado sus servicios y con el propio Col·legi d’Administradors de Finques.
Todos ellos coinciden en que en los últimos años diferentes operaciones de dinero irregulares han provocado situaciones tan extremas como amenazas de las compañías de servicios para cortar el suministro eléctrico, de agua corriente o del mismo del ascensor.
Denuncia a Mossos
Una de las comunidades de propietarios de Salou situada en la calle Camí de la Torre –a pocos metros de la sede del Carrilet– presentó una denuncia el pasado 20 de marzo en la comisaría de Mossos. El presidente de la escalera alegó que el administrador, Albert Franquet, habría expedido un cheque al portador por valor de unos 25.000 euros sin autorización del presidente de la comunidad. Al detectar este movimiento bancario en la sede del BBVA de la Via Roma, donde tienen la cuenta de la comunidad, el presidente vecinal intentó ponerse en contacto con Franquet sin éxito. Y ante la situación irregular, presentó denuncia a los Mossos d’Esquadra.
Ahora, la comunidad de propietarios ya no la lleva Solgestión, sino un bufete de abogados de la calle Berenguer. Ellos han declinado dar explicaciones de la situación de sus clientes. Por su parte, fuentes de Mossos confirman la denuncia y la investigación que llevaron a cabo en los siguientes días. Sin entrar en detalles, han entregado el informe al Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona.
La bancarrota
La investigación judicial podría estar gestándose en dos juzgados diferentes. Diferentes víctimas, mismo autor. Según han confirmado al Diari, esta otra denuncia estaría en los juzgados de Reus y presentada directamente por una comunidad de propietarios de la calle Bernat Metge de la capital del Baix Camp. «La situación estuvo en bancarrota. Debíamos miles de euros a Aigües de Reus y ha costado lo suyo recuperarse», explican fuentes de esta comunidad.
Algunos de sus vecinos son abogados y decidieron que la mejor estrategia era presentar una denuncia por apropiación indebida. «Aun sin tener toda la documentación requerida a Solgestión, se puede ver que hay reintegros en ventanilla de cantidades pequeñas –entre 100 y 500 euros– sin justificar ni factura». Estas operaciones tendrían como mínimo un año de antigüedad y «estuvimos muy cerca de que Aigües de Reus nos cortara el suministro por impago. Ahora, la situación se ha normalizado, pero el dinero que adeuda esta administración a la comunidad asciende a muchos miles de euros», señalan las mismas fuentes, que declinan citar una cifra.
Las mismas fuentes aseguran que durante estos meses se ha llamado a la empresa con sede en Salou para solucionar el problema y «aún no hemos podido hablar con él», concluyen.
Expulsada del Col·legi
En la fachada de la plaza Carrilet, una placa dorada dice que Mónica Assamà es administradora de fincas y colegiada con el número 645. La información está caducada. El Diari habló con el Col·legi d’Administradors de Finques para verificarlo. Aseguran que Assamà fue expulsada en diciembre de 2014 por impago de cuotas y su marido, Albert Franquet, nunca ha sido colegiado. De hecho, para gestionar una comunidad no se requiere ni el título ni estar colegiado, aunque son avales que garantizan el servicio prestado.
El Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona advierte que la ley permite que cualquier persona física o jurídica pueda administrar una finca, pero sólo los profesionales colegiados disponen de dos seguros que garantizan cualquier incidencia: uno es de responsabilidad civil y el otro por si surgen problemas parecidos a los denunciados contra Solgestión.
El Col·legi recuerda que en el caso de Solgestion, si las acusaciones son ciertas y se demuestran, la empresa carece de un colchón económico –seguro– para devolver el dinero presuntamente apropiado indebidamente. Por ello, entiende que la única forma de «hacer justicia» es denunciar el caso por la vía penal, ya sea acudiendo a los tribunales –la comunidad de Reus– o pasando por Mossos –la de Salou–.
Además, no puede utilizar el título de Administrador de Finques, puesto que es un nombre registrado sólo para empresas o personas colegiadas.
Aparte de estas dos comunidades con denuncia, el Diari ha hablado con otras, que admiten que ha habido situaciones como mínimo sospechosas. En la calle Pujol Barberà de Salou no hay denuncia ni tampoco apropiación de dinero. Fuentes de este bloque de pisos, pero, reconocen que cuando vieron «cosas raras» cambiaron de administrador. «Las cuentas estaban muy controladas y no había posibilidad de sacar dinero salvo haciéndolo de forma ilegal», explican.
Sin embargo, explican que Franquet llamó al presidente en la pasada Nochevieja porque tenía un problema bancario sobre unas cuotas y no podía pasar los recibos. «El banco se había negado porque tenía un problema de deuda con su mujer. Empezamos a sospechar y a medida que hablábamos con otras comunidades las cosas iban a peor. Hicimos una junta y cancelamos el contrato».
Además de las comunidades de vecinos, la relación con diferentes empresas de servicios o trabajadores autónomos ha sido, como mínimo, tensa. Todos los que han hablado con el Diari reconocen que no les adeuda nada, pero que en su día les pidió dinero prestado para «solucionar otras cosas» y lo devolvía con demora.
El problema, pero, es que la imagen de Solgestión y las presuntas irregularidades que salen a la luz han dañado la credibilidad de estos profesionales, que aseguran que «hemos perdido clientes y edificios porque nadie quiere saber nada de los que trabajábamos al servicio de Solgestión», concluyen.
