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La Generalitat destituye al interventor de Vila-seca por un presunto acoso laboral

La resolución del expediente disciplinario incoado en  julio contra Carlos G.L. se ha resuelto. La Dirección General d’Administración Local considera que es responsable de una falta grave

Jordi Cabré

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El interventor, con jersey amarillo, en una sesión plenaria de 2017. FOTO: cedida

El interventor, con jersey amarillo, en una sesión plenaria de 2017. FOTO: cedida

La Direcció General d’Administració Local, departamento vinculado directamente con Presidència de la Generalitat, ha resuelto esta semana el expediente disciplinario incoado contra Carlos G.L., interventor del Ayuntamiento de Vila-seca, que había sido denunciado por varios trabajadores del consistorio por un presunto acoso laboral y abuso de poder en sus funciones a finales de 2018.

La directora general d’Administració Local, Rosa V., ha firmado la resolución del expediente considerando que los hechos están suficientemente probados como para destituir del cargo de interventor del Ayuntamiento de Vila-seca por un periodo de un año y señalar al funcionario «como responsable de una falta grave».

24 son los empleados públicos del consistorio que presentaron una denuncia por un presunto abuso de autoridad

La sanción disciplinaria empezará a contar una vez sea definitiva, ya que el expediente resuelto esta semana permite al acusado presentar recurso.

Carlos G.L. estuvo entre los años 2012 y principios de 2019 ejerciendo en el Ayuntamiento de Vila-seca, cuando se le apartó de sus funciones por otro expediente disciplinario. Ha trabajado de interventor en un ayuntamiento de la provincia de Barcelona durante algunos meses desde su marcha de Vila-seca.   

Los antecedentes

El expediente que la Generalitat ha resuelto como falta grave empieza con una denuncia colectiva de 24 personas que trabajan en el Ayuntamiento de Vila-seca a finales de 2018. La queja colectiva (de hechos ocurridos entre 2017 y 2018) señala al interventor como responsable de un abuso de autoridad reflejado en manifestaciones verbales y escritas, conductas y actitudes de menosprecio, entre otros hechos.

Al funcionario ya se le abrió otro expediente por bloquear la gestión de pagos a proveedores y cobro de nóminas

Este mal ambiente desembocó en una denuncia colectiva contra el funcionario y obligó al Ayuntamiento a tomar medidas creando un Comité de Seguretat i Salut. Éste órgano designó a un equipo de investigación para recopilar pruebas y paralelamente se contrató a una empresa externa para que también investigara el presunto acoso laboral denunciado.

Ambos informes coincidieron en que había «indicadores» de comportamientos inadecuados que afectarían a «la salud» de los trabajadores. Incluso se encargó un tercer informe para «una mayor seguridad y rigor» de lo ocurrido. El tercer documento también fue contundente y consideraba los hechos como falta grave.

El bloqueo de pagos

Mientras se iniciaba la recopilación de pruebas de esta denuncia de 24 empleados, el interventor fue destituido temporalmente del cargo por otro expediente disciplinario. En esta ocasión estaba relacionado con las trabas burocráticas que generó en el día a día del Ayuntamiento, entre ellas el bloqueo del cobro a proveedores o el pago de nóminas.

Volviendo al actual expediente disciplinario, el Ayuntamiento de Vila-seca remitió a la Direcció Genera d’Administració Local la documentación recopilada y, en julio de 2020, se inició la incoación del expediente disciplinario contra el interventor, al  que se le impuso como medida cautelar la suspensión de sus funciones en Vila-seca por espacio de seis meses.

Instrucción y argucias

La instrucción de este expediente disciplinario empezó el 17 de julio con el análisis de la documentación recibida, las testificales con diferentes personas implicadas y las explicaciones que aportó el funcionario acusado.

El proceso de resolución del expediente se fue demorando, algunas veces incluso con argucias legales. Según el documento al que ha tenido acceso el Diari, el propio interventor buscó demorar algunos pasos, algunos argumentando que no había recibido la notificación pertinente, otras abusando de alegaciones en el proceso de instrucción. Como último recurso, el día 5 de enero el acusado presentó una solicitud de caducidad del proceso argumentando que ya habían pasado los seis meses previstos para la instrucción.

Su petición fue denegada precisamente porque la instrucción tenía ocho meses para terminarla y todas las pruebas que se practicaban estaban dentro de plazo. Incluso hubo una petición de prórroga de dos meses por parte de la instructora a la Dirección General d’Administració Local, que fue aceptada y que finalizaría el próximo 2 de mayo.

Sin embargo, no ha sido necesario agotar todo el plazo, ya que esta semana el expediente disciplinario se ha resuelto con la destitución del funcionario del Ayuntamiento de Vila-seca por espacio de 12 meses al tipificarse su actitud y comportamiento como falta grave.

El Ayuntamiento de Vila-seca admite ser conocedor de la resolución pero ha declinado hacer cualquier comentario sobre el expediente disciplinario cerrado por la Generalitat. Desde febrero de 2019, el cargo en el consistorio lo han ocupado diferentes interventores accidentales.

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