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La Direcció General d’Administració Local, órgano que depende del Departament de Presidència de la Generalitat, ha resuelto recientemente incoar un expediente disciplinario al funcionario de la administración local de carácter nacional Carlos G.L., que ha ejercido desde 2012 y hasta principios de 2019 como interventor municipal en el Ayuntamiento de Vila-seca. Actualmente, el funcionario está destituido por espacio de un año en este consistorio, si bien está trabajando en otro Ayuntamiento de la provincia de Barcelona y su plaza en la localidad del Tarragonès está ocupada de forma provisional hasta que no se resuelva el expediente.
La destitución vigente del funcionario es la resolución de otro expediente disciplinario que la Generalitat resolvió en los primeros meses de 2019.
El expediente disciplinario ya resuelto (no tienen relación con el incoado recientemente por el mismo departamento) hacía referencia a las trabas generadas por el interventor en la gestión diaria del consistorio vilasecano como por ejemplo el bloqueo de pago a los proveedores o bien otros conflictos técnicos con los que tuvo que lidiar concejales y funcionarios y que a pesar del saneamiento de las arcas municipales los pagos de nóminas o de facturas se retrasaron de forma inexplicable.
Ahora, pero, el nuevo expediente disciplinario abierto tiene otra razón de ser aunque la falta sería igual de grave si las conclusiones confirman que el funcionario habría acosado laboralmente a una treintena de funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento durante el tiempo en que estuvo ejerciendo en Vila-seca.
En febrero de 2019, tras la celebración de un plenario, se destaparon las dos faltas graves: la resuelta del bloqueo de la administración local a poder hacer uso de los recursos económicos y pagar a proveedores y tener capacidad económica para nóminas y otras cuestiones; y la denuncia de un gran número de funcionarios del Ayuntamiento que expusieron a las instancias competentes que sufrían acoso laboral del interventor. Algunos padecieron situaciones extremas y tuvieron problemas psicológicos a raíz del trato y de las presiones ejercidas.
Análisis
Tras destaparse el mal ambiente entre un nutrido grupo de funcionarios, las semanas siguientes a destaparse el caso se presentó la solicitud para incoar un expediente disciplinario, una competencia de la Generalitat que una vez recibida la propuesta empezó a recabar información para analizar si debía abrir el expediente o bien rechazar la propuesta. El Ayuntamiento siempre se ha mantenido al margen de opinar y ha preferido dar un paso al lado a la espera de las conclusiones.
Durante estos 16 meses de investigación donde se han recopilado informes técnicos, médicos, declaraciones de las personas presuntamente víctimas del acoso laboral... se ha considerado que los hechos podrían tener base y por tanto se ha abierto expediente disciplinario al funcionario, que en caso de prosperar acarrearía una falta grave cuyas sanciones estarían entre la destitución del puesto o la suspensión de sus funciones por espacio de tres años.
El expediente disciplinario permite al funcionario acusado a que pueda defenderse del presunto acoso laboral del que se le acusa en Vila-seca.
