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La deuda de 2 millones de euros que tiene la Generalitat con el Ayuntamiento de Cambrils por la ampliación del Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat volvió a generar tensión entre gobierno y oposición en el último pleno. Todo surgió en el punto para aprobar el cambio de titularidad del terreno del centro hospitalario, un asuntó que provocó algún que otro malentendido por el convenio y adendas firmadas.
El concejal de Urbanisme, Joan M. Artigau, explicó que la finca donde se construyó el Hospital en 2007 constaba como bien de dominio público. Pero el convenio que en 2006 firmaron el gobierno y la Generalitat recogía no solo la construcción del Hospital, también se incluyó una cláusula para ceder la finca a CatSalut y calificarla como bien patrimonial.
Esta desafectación del suelo encendió a la oposición, que mostró su preocupación por poder perder el dinero que todavía debe la administración catalana por esta cesión. El portavoz del PP, David Chatelain, hizo un repaso a la historia de las obras del Hospital que se inauguró en 2010. El edil recordó que en el primer convenio de 2006 el gobierno se comprometió a avanzar el dinero de la ampliación del centro hospitalario. Una inversión inicial de 5,9 millones de euros que el ente catalán debía pagar una vez se presentaran todas las facturas.
Pero el problema surgió en 2010, cuando se añadió un anexo que señalaba que la Generalitat pagaría los intereses de demora generados por el impago de la deuda derivada de la obra y la construcción de un quirófano, por lo que la deuda se incrementó en 2 millones de euros. Un documento que «nunca» fue firmado por el gobierno catalán, según señaló Chatelain.
Acuerdos sin firmar
En todos estos años los gobiernos locales reclamaron sin éxito el pago tanto de la deuda como de los intereses, por valor de 1,2 millones de euros. La última noticia sobre este tema se tuvo en el pleno de octubre de 2017, cuando el la alcaldesa, Camí Mendoza, anunció que se cobrarían los 2 millones de euros.
La sesión plenaria aprobó una adenda al convenio que reconocía el sobrecoste de las obras del quirófano, pero no hacía referencia a los intereses pendientes, una cláusula que en ese momento fue muy criticada por la oposición porque entendían que el gobierno estaba dejando perder este dinero. Una adenda que tampoco tuvo la firma de la administración y que venció el 31 de diciembre de 2018.
«Le pido que se vuelva a reunir con la Generalitat para poder renegociar el documento y poner sobre la mesa el reintegro de los intereses», apuntó el portavoz de la formación azul, que añadió que si era «necesario», amenazaran con interponer un recurso contencioso para recuperar estos 1,2 millones de euros. Una petición que también hicieron los otros partidos de la oposición.
La alcaldesa, Camí Mendoza, explicó que este cambio de titularidad se incluía en el convenio de 2006 y que en ningún caso afectaría al cobro del resto de deuda e intereses. «Estamos aprobando un trámite de un convenio del que el ayuntamiento ya ha cobrado el dinero (...) Es un compromiso», afirmó. Mendoza también apuntó que con la aplicación del artículo 155 se paró el convenio aprobado en 2017 y que ahora los departamentos técnicos del consistorio estaban trabajando para desencallar un problema que había con algunas facturas pendientes de abonar y que se habían reclamado desde la Generalitat. El punto se aprobó con los votos del gobierno y la concejal no adscrita Cinta Ballesté.
