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Equipo de gobierno y oposición siguen enfrentados desde hace unas semanas en Salou por el contrato de aforo de control de playas que se materializó el día 4 de junio por la Junta de Govern Local.
Sin embargo, las acusaciones previas de la oposición no habían pasado de meras recriminaciones hasta que ayer ERC, Cs y PP -que conforman dicha oposición- anunciaron que han decidido enunciar ante la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación el renombrado contrato de control de aforo de las playas del municipio.
La oposición asegura que, dado que aquella primera petición suya no fue atendida inicialmente, ha decidido plantear el caso a este organismo del Ministerio de Hacienda, que vela por que se cumpla estrictamente con la legislación y que se encarga de detectar incumplimientos de la ley de contratación pública. Así, los portavoces de los respectivos grupos municipales de ERC (Marçal Curto), Cs (Pere Lluís Huguet) y PP (Mario García) aseguran tener «fundadas sospechas de posibles irregularidades en el expediente de contratación, y nuestra obligación es poner en conocimiento del organismo competente para que lo analice y determine si se ha respetado escrupulosamente el procedimiento con criterios de transparencia y pública concurrencia en la contratación efectuada».
El gobierno declina comentar
A pesar de estas acusaciones de la oposición, fuentes del equipo de gobierno municipal de Salou declinaron ayer hacer cualquier tipo de declaraciones al respecto.
Mientras, los portavoces de los respectivos grupos de la oposición explican que el problema radica en el hecho de que «el alcalde presentó el proyecto conjuntamente con un responsable de la empresa que resultó contratada antes de que se iniciara el expediente de contratación, y con una antelación de 6 días a la fecha en que se adjudicó el contrato». Además, Curto, Huguet y García señalan que «hay una gran similitud entre el informe de los servicios técnicos donde describen el sistema necesario para controlar el aforo de las playas, la propuesta de la empresa adjudicataria y el sistema presentado ante la prensa».
Por todo ello, consideran que «existen sospechas fundadas de que el equipo de gobierno ya habría tomado una decisión sobre la adjudicación del contrato y que indican que se habría construido el expediente como medio para justificarlo y no como medio para determinar el contratista».
Los líderes de ERC, Cs y PP en Salou dicen que «cuando hablamos de dinero público, las administraciones deben seguir escrupulosamente los procedimientos, para evitar cualquier tipo de suspicacia, y es evidente que en esta licitación existen muchos factores que hacen tener fundadas sospechas de posibles irregularidades en su adjudicación, o al menos comportamientos poco ético».
