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El Sindicat Professional de Policies Municipals de Catalunya (SPPM-Cat) critica la contratación de vigilantes privados para evitar que los manteros se coloquen en el paseo de Coma-ruga.
El Ayuntamiento anunció medida para apoyar a la Policía Local y mantener la presencia cuando los agentes pudieran ser requeridos para otros servicios .
El SPPM dice de que «esta vez el motivo son los manteros» y después serán otros. «Las administraciones ganarán ya que tendrán vigilantes por 960 euros al mes que harán tareas que corresponden a funcionario de policía. Provocará que cada vez haya menos oferta pública».
Desplazar
Los vigilantes ya patrullan y como explican los vecinos se ha logrado que los manteros no vendan frente a los comercios, pero a partir de una calle hay una treintena que venden sin ser molestados ya que se han desplazado unos metros.
El sindicato critica que la Generalitat acepte que vigilantes privados patrullen en espacios públicos en tareas que corresponden a cuerpos de seguridad, «a pesar de que lo maquillen como una tarea auxiliar».
En el top manta, además de las infracciones administrativas, fiscales y de seguridad, las hay de la ordenanza por actividad y ocupación de la vía pública sin autorización. También hay infracciones penales por delitos contra la propiedad intelectual que persiguen los cuerpos de seguridad.
Confundir a la ciudadanía
«No discutimos la buena tarea de los vigilantes en su ámbito de actuación», pero el sindicato teme un escenario que «puede no lograr el objetivo y confundir a la ciudadanía con una errónea percepción se seguridad», además en un grado de alerta terrorista de 4 sobre 5.
El sindicato alerta del «oportunismo generando un paradigma de externalización de la seguridad pública. ¿Pondremos la seguridad pública en manos del sector privado?». Señalan que «quien debe velar por la seguridad es la policía. Privatizar los servicios que han de prestar las administraciones sería un proyecto inadmisible inaudito y arriesgado».
El sindicato dice que la medida «vulnera el fair-play» entre la seguridad privada y la pública. Pero la situación no es única y municipios con una población media o baja recurren a empresas de seguridad para que «se manera encubierta y aprovechando que prestan otros servicios al Ayuntamiento», realizan vigilancia de espacios públicos. Lamentan que ayuntamientos, prefecturas de la Policía Local y Mossos acepten estas medidas.
