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Tarragona fue la quinta provincia en número de ocupaciones ilegales de enero a junio de este año (359), sólo por detrás de Barcelona (2.644), Madrid (657), Girona (515) y Sevilla (422).
Buena parte de esas ocupaciones en la demarcación tuvieron lugar durante el confinamiento por el coronavirus y una cantidad estimable se registró en Salou. De hecho, según los Mossos, las cifras apuntan a un incremento del 73%, como recordó hace ya algunas fechas el propio jefe de los Mossos de la región policial del Camp de Tarragona, Josep Maria Estela.
Durante la primera parte del año, el fenómeno de las ocupaciones en segundas residencias de la costa emergió en gran medida a causa de la Covid-19. Llegó el verano y fue entonces cuando muchas familias de fuera del municipio, que suelen acudir en puentes largos, Semana Santa o fines de semana, se encontraron con la desagradable sorpresa de tener ‘inquilinos’ inesperados al inicio de sus vacaciones estivales y tras una larga temporada sin visitar la capital de la Costa Daurada.
«Sé que me arriesgo»
La situación actual es que muchos propietarios han decidido apurar al máximo sus vacaciones durante el mes de septiembre, quedándose en Salou y tratando de asegurarse de que imposibilitarían o dificultarían la posible llegada de okupas a sus segundas residencias.
«Yo no sé cómo se enteran. O si hay alguien que trafica con esa información... No lo sé, la verdad», explica Humberto Lainez, un aragonés que lleva residiendo en Salou desde hace muchos y que es reacio a cambiar de municipio respecto a su segunda residencia. «Me gusta Salou, mi familia y yo siempre hemos venido en vacaciones. No, no pienso en comprar o alquilar una casa en otro municipio... A menos que esto se ponga aún más serio. Pero, de momento, nosotros apostamos por quedarnos aquí. Queremos Salou porque nos gusta Salou. Sé que me arriesgo», asegura.
Él, al igual que otros segundos residentes, está preocupado por lo que pueda suceder este otoño. «Tengo amigos y vecinos que están en la misma situación. Algunos se han puesto alarmas», dice.
El ruso Stanislav Gregoriev reside en Salou y tiene un amigo de su país que compró un apartamento en la localidad con el ‘boom’ del turismo ruso hace pocos años en la zona. «Hablamos a menudo y me hace venir a echarle un vistazo a la casa de tanto en tanto. No se fía y, por las noticias que lee y le transmiten, está intranquilo. No es que tenga nada especial de valor en la casa, pero le gustaría encontrarla como la dejó (hace un año ya que este verano no ha podido por la prohibición de Rusia de viajar a España por el coronavirus), al igual que el coche que aún tiene aparcado en el parking subterráneo del edificio». Y añade: «de momento le he dicho que esté tranquilo, todo bien».
También algunos administradores de fincas de la localidad recelan de la situación que pueda producirse en los próximos meses. Apuntan al Diari que «es necesario realizar un seguimiento de la situación», haciendo referencia también a que no se produzca un ‘efecto llamada’.
Moción aprobada en el pleno
Pero también en el ámbito político ha habido referencias a ello en los últimos días. Por ejemplo, el portavoz de Ciudadanos en Salou, Pere Lluís Huguet, presentó el miércoles una moción en la que proponía, entre otras medidas, «el asesoramiento y orientación jurídica a los afectados por las ocupaciones para que puedan recuperar su casa y la elaboración de un censo de viviendas en que se indique si el tipo de ocupación es para fines delictivos o por necesidad y se haga un seguimiento de la misma».
Finalmente, la moción salió adelante con las enmiendas presentadas por el equipo de gobierno y el voto favorable del PP. En este sentido, el consistorio salouense también pide al Govern paliar los problemas de convivencia provocados por estas situaciones; y la creación de la figura del fiscal especializado, que pueda depender del de delincuencia organizada o económica, para agilizar la resolución de casos vinculados con grupos criminales, inmigración ilegal o blanqueo.
