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Masagué niega trato de favor en la adjudicación de los chiringuitos de Torredembarra

El exalcalde dice que hicieron un procedimiento negociado por indicación de los técnicos municipales

ACN

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Imagen de los tres acusados sentados en la sala de vistas del juzgado penal 2 de Tarragona: Daniel Masagué (derecha), Pere Font (centro) y Gerard Montserrat (izquierda). ACN

Imagen de los tres acusados sentados en la sala de vistas del juzgado penal 2 de Tarragona: Daniel Masagué (derecha), Pere Font (centro) y Gerard Montserrat (izquierda). ACN

El exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué ha negado este pasado viernes las acusaciones de prevaricación y fraude en la adjudicación de los chiringuitos de la playa. Durante la declaración al juzgado penal 2 de Tarragona por la pieza separada 4 del 'caso Torredembarra', el alcalde ha defendido que su gobierno solo quería garantizar "el interés público" y que las playas del municipio dispusieran de este servicio los veranos del 2012 y 2013. En ningún caso, ha dicho, tuvo un trato de favor hacia Gerard Montserrat -militante de CDC y posteriormente jefe de la gestora local del partido-, puesto que él era el propietario de los "únicos" chiringuitos que se podían instalar en el municipio. El exalcalde también ha dicho que siempre seguía el criterio de los técnicos municipales en materia de contratación.


Este viernes Font y Masagué han recordado que un concurso público promovido por el anterior gobierno en 2006 fijó que, durante diez años, solo se pudiera instalar un único modelo de xiringuito en el municipio. Una empresa de Gerard Montserrat compró las tres únicas que se fabricaron, con lo cual "estábamos ligados de pies y manos, y en un callejón sin salida porque aquello era un oligopolio", ha dicho el exalcalde.

La fiscalía, pero, considera que los políticos querían beneficiar a Montserrat, militante de CDC. El ministerio público cuestiona que se iniciara un procedimiento negociado y sin publicidad al cual el consistorio invitó las empresas Promoesport, Fimongest y Manretar, "todas ellas relacionadas entre sí" con Gerard Montserrat y sin solvencia ni experiencia previa con estos servicios.

Los dos exdirigentes políticos han atribuido las decisiones sobre los procesos de contratación a los técnicos municipales. Masagué ha dicho que "cada día tenía dos palmos de documentos para firmar" y que confiaba plenamente en los funcionarios porque "nosotros no teníamos ni idea de qué procedimiento tenían que hacer". En este sentido, el exalcalde ha añadido que "desde el primer momento teníamos claro que la propiedad de los chiringuitos era de una persona y no entendíamos por qué los técnicos no lo adjudicaban directamente".

En la misma línea, la exregidor Pere Font ha argumentado que él es fotógrafo, que no tiene estudios de derecho ni de administración local y que confió en la jefa de contratación, que le dijo que hacía falta el nombre de tres empresas para el procedimiento negociado. El exregidor, que solo ha respondido las preguntas de su abogado, ha explicado que con el alcalde nunca habían tenido una amistad íntima porque Masagué "es una persona muy dominante, yo soy muy obediente y no me gusta enfrentarme con la gente".

Por su parte, Gerard Montserrat ha afirmado, también respondiendo solo a la defensa, que en ningún momento instó el alcalde o el regidor porque le compraran los chiringuitos. "Yo consideraba que tenía la exclusividad de los chiringuitos en propiedad y que el Ayuntamiento era quién había cerrado el círculo hacia aquella posición con el concurso del 2006", ha declarado.

Según Font y Masagué, no había cabe otra opción de comprar otros chiringuitos porque la empresa que las fabricaba había cesado la actividad el 2011. El socio fundador de la firma Urquitec ha declarado que "en principio cabe otra empresa las podía construir porque éramos los adjudicatarios de la idea", pero ha apuntado que no había ninguna relación de exclusividad con Promoesport y que podrían haber construido para otras firmas, a pesar de que nunca lo hicieron.

"No se ha cometido ningún delito"

El abogado de Masagué, Pau Simarro, ha afirmado que durante la vista "ha quedado más que acreditado que no se ha cometido ningún delito por parte de nadie", ni de los políticos ni de los funcionarios, "que cumplieron las leyes", ha dicho. El abogado ha insistido que había una exclusividad en cuanto al modelo de chiringuitos y que solo existía un único proveedor posible, Gerard Montserrat. Además, el abogado ha hecho notar que la diferencia económica entre el que el Ayuntamiento pagaba a Montserrat para alquilar los chiringuitos y el que cobraba de los explotadores del servicio era de un 26%, con lo cual el consistorio  hacía "negocio" y Masagué no ocasionó ningún perjuicio para las arcas municipales.

Durante la vista también ha declarado la exregidora del PSC Olga González, quien ha declarado que la alcaldía los ponía muchas dificultades para tener acceso a la información de los expedientes municipales. En este caso de los chiringuitos, ha dicho que le sorprendió que  figuraran personas conocidas por su filiación política a CDC y su proximidad con Masagué.

El empresario Blas Niubó, desimputado en esta causa, ha protagonizado un intenso interrogatorio con el fiscal anticorrupción, José Grinda. El motivo ha sido una llamada intervenida por la Guardia Civil el 2014, donde la interventora municipal le comentaba que el Ayuntamiento quería comprar los chiringuitos a Montserrat y Niubó le respondía que "todo tiene un precio". El empresario ha justificado que esta expresión la dijo "espontáneamente" y que fue un comentario "como si hubiera dicho que le ha tocado la lotería". Pese a la insistencia del fiscal, Niubó ha afirmado que en ningún momento pensó que Masagué estaba compensando a Montserrat a cambio de algo.

La fiscalía señala Masagué y Font como autores de un supuesto delito continuado de prevaricación, mientras que en Montserrat lo considera un cooperador necesario. Además, los acusa a los tres de un delito continuado de fraude y exacciones ilegales a la administración pública. El exalcalde Daniel Masagué se enfrenta a tres años de prisión y diecinueve años de inhabilitación, mientras que Pere Font i Gerard Montserrat afrontan dos años de prisión y dieciocho de inhabilitación.

Después de la prueba testifical y de la declaración de los acusados, el próximo viernes las partes presentarán los respectivos informes y conclusiones definitivas, y el juicio -lo primero del entramado del 'caso Torredembarra'- quedará visto para sentencia.

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