Salvados por la campana

Un matrimonio que residía como okupa precario en un piso y que negociaba con la Sareb el pago de un alquiler social evita el desahucio en el último segundo. La notificación llegó cuando se disponían a vivir en una furgoneta

EDUARD CASTAÑO

Whatsapp
Pedro muestra los numerosos documentos que pueden aportar sobre las gestiones realizadas de su situación. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

Pedro muestra los numerosos documentos que pueden aportar sobre las gestiones realizadas de su situación. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

Pedro Jiménez y su esposa se enfrentaron ayer a un desahucio inminente. Ya habían metido la mitad de sus pertenencias en la furgoneta en la que iban a vivir cuando, a las 12 del mediodía una hora antes e que se produjera oficialmente el lanzamiento, llegó la milagrosa notificación que paralizaba el decreto judicial y que, entre otras hechos, suponía cambiar la cerradura de la puerta.

«Habíamos metido las cosas en cajas y estábamos llenando la furgoneta. Era triste tener que vivir allí porque, aunque tengo familia, no pueden acogernos por los problemas de salud que sufren y lo pequeña que es la casa en la que viven», explica Pedro, aliviado porque de momento han logrado salvar este obstáculo y confían en que las negociaciones que tienen abiertas con la Sareb les permitan seguir residiendo en el inmueble propiedad de un banco mediante el pago de un alquiler social.

«Tampoco es que pueda pagar mucho, porque sólo cobro 650 euros como demandante de empleo. Además tengo a mi mujer enferma con fibromialgia y con depresión y está a punto de comenzar un tratamiento de psicoterapia», explica Pedro respecto a su situación personal. «Lo tengo todo documentado y se lo puedo mostrar a todo aquel que me lo pida, al igual que toda la documentación sobre las reiteradas solicitudes para alcanzar un acuerdo con la Sareb, Serveis Socials de Cambrils o la Oficina d’Habitatge. Tengo documentos, mails y whatsapps. No quiero nada que sea ilegal. Sólo pido que podamos vivir dignamente», remarca.

Pedro y su esposa llevan viviendo cuatro años en el actual piso, que ofrece un estado cuidado. Se halla en el bloque B del número 1 de la calle Jacint Vilosa. Reconoce que «es la única vivienda ‘okupada’, porque en el resto vive gente en situación normal». Explica que en 2016 ya fueron afectados por un contrato de alquiler falso, quedando desde entonces en calidad de okupas precarios.

Estafados y sin recursos

Parte de esa documentación cuenta con una misiva al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la ONU. En ella se recuerda que Pedro pagaba 400 euros en un contrato de alquiler previo en hasta 2015.

«Debido a la fuerte crisis que pasaba España, fue empeorando mi situación económica. Me vi abocado a colgar carteles, alrededor de donde vivía, para buscar un alquiler mas económico, en ese tiempo se puso en contacto una persona que supuestamente era de una entidad bancaria», detalla en el documento.

Al mismo tiempo el supuesto mediador bancario le ofreció un alquiler ficticio con un contrato falso por el que iba a pagar 250 euros al mes. «Pocos días después, cuando quise cambiar de nombre los suministros de la luz y agua, me di cuenta de que el contrato era falso después de dar una cantidad de dinero en efectivo y en mano por adelantado para ese supuesto contrato ficticio. Al no disponer de un documento legal y oficial de un título que acreditara que yo era arrendatario, la entidad propietaria del inmueble que ocupo (Sareb) me denunció al poco tiempo con un juicio por la vía civil. Lo gané porque pude demostrar que fui víctima de un engaño, fallando el juez a mi favor».

Situación de vulnerabilidad

Después de ello, intentó comunicarse con la entidad Sareb para regularizar su situación y que le permitieran hacer un alquiler conforme a la fuente de ingresos que en ese momento tenía.

«Hicieron caso omiso y ni me contestaron. A inicios de julio me llegó una orden de alzamiento por lo penal ya que carecía de título de la propiedad. Así que decidí acudir a Serveis Socials y ponerlo en su conocimiento después de haber intentado que me hicieran un alquiler social», asegura. Entonces pidió que Serveis Socials actuara como mediador. «A pesar de eso, fue imposible un acuerdo. Así, ambas partes decidimos pedir una prórroga argumentando como consta en la sentencia la situación de vulnerabilidad y a falta de recurso económico para poder acceder a una vivienda de alquiler. Ahora estaba negociando con Sareb ese alquiler, cuando llegó la orden de desahucio». De momento, han logrado pararla.

Temas

Comentarios

Lea También