Ultimatum a una de las perreras ilegales de Calafell

El propietario de la perrera ilegal denunciada por el Ayuntamiento de Calafell, la Generalitat y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, tiene hasta el jueves para sacar a los perros y llevarlos a un lugar en condiciones.

En caso contrario deberá ser la administración quien se haga cargo de los animales. Será el Ayuntamiento quien atienda a los perros, que podrían ir a diferentes protectoras con las que ya se ha contactado.

El ultimátum al propietario del recinto es para cumplir con la intención de desmantelar estas instalaciones y porque desde que se destapó la situación hace casi un mes no se ha visto ninguna mejora en el recinto ni en la atención hacia los animales.

La  instalación en la que se hacinaban una veintena de perros levantó indignación por el estado en el que estaban los animales después de que un vecino mostrase en las redes sociales un perros muerto en el interior del recinto.

Ahora se exige un control máximo de la situación para velar por los animales ante el  cierre de ese recinto. El alcalde Ramon Ferré señala que «el responsable de los perros es el propietario y a él se le exige la debida atención».

Clausura
El descubrimiento en las redes sociales de esa perrera ilegal hizo público que en Calafell hay otra media docena de esos cercados en los que se  encierran a perros en condiciones precarias. El Ayuntamiento ya dijo que actuaría contra todas ya que no cumplen la normativa urbanística y serían desmanteladas.

Además de la perrera en la que se encontró a un perro muerto, que está junto a la depuradora y de la que Ayuntamiento, Generalitat y Guardia Cicil abrieron diligencias, el Seprona ha abierto denuncia por otra instalación.

La nueva perrera denunciada está en el Camí Mas de l’Espasa. Según la denuncia, no está inscrita en el registro de núcleos zoológicos, carece de libros de registro y de licencia ambiental para esa actividad.

De momento se desconoce  si la denuncia de la Guardia Civi se tramite por vía penal por un delito de maltrato animal, que puede tener penas de cárcel, o administrativo. La inspección que hicieron veterinarios de la Generalitat destacaron el mal estado en el que se encontraban los animales en recintos sin las condiciones mínimas.

El Ayuntamiento aseguró que las cerraría de forma urgente por incumplimiento urbanístico ya que es más ágil. Los vecinos también recogieron más de 3.000 firmas reclamando el desmantelamiento de esos recintos.