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Miguel Bejarano, el vecino de Calafell que ha esperado 14 años para recibir sentencia por el accidente laboral que le dejó con una tetraplegia, y que ahora ha conocido que se ha archivado la denuncia por la dilación en el tiempo, tiene previsto denunciar a las instancias judiciales por ese retrado.
Una vez recibida la notificación del archivo de la causa penal, ahora plantea una demanda por la vía civil. Este proceso no podía iniciarlo hasta tener la notificación de la vía penal. «Espero que ese retraso no invalide la acción civil», señala.
«Esa dilación me ha impedido comenzar de nuevo. Además de la lesión, he sufrido el daño psicológico y moral». Porque además, la pasada semana fue cuando recibió la notificación de que su denuncia estaba archivada desde hacía nueve años.
Los hechos prescribieron como delitos menos graves en un plazo de tres años ya que no se dictó ninguna resolución de interrupción.
«Voy a demandar a la justicia por los daños morales», señala Bejarano. El vecino de Calafell también destaca la intención de abrir la vía civil por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores contra los responsables del dispositivo de seguridad de la obra por lo que pedía una indemnización de un millón de euros y tres años de prisión para cada acusado.
Poca protección
En 2006 sufrió un accidente laboral al caer de una altura de 9 metros en una obra en Móra d’Ebre le dejó una tetraplejia que provocó discapacidad del 96%. La inspección en el lugar del accidente concluyó que la red de protección que debía haber retenido a Miguel Bejarano no cumplía con las exigencias necesarias.
El juzgado de Gandesa concluyó que la obra no cumplía las medidas de seguridad y encausó a la promotora, a la constructora, a dos coordinadores y al director de seguridad por un presunto delito contra la seguridad de trabajadores.
Las dilaciones por recursos, movilidad de jueces en el juzgado y enfermedad de encausados han retrasado el proceso. En el acto del juicio ya se expuso la prescripción del delito, que estimó el órgano judicial, dictando la absolución de los acusados.
El juzgado penal de Tortosa ha sentenciado la prescripción del delito, «acordando que las actuaciones sean remitidas al archivo».
Indemnización
Bejarano cobró dos indemnizaciones en un acuerdo con la promotora y la constructora, que ya cesaron la actividad hace años. La primera indemnización fue seis años después del accidente y la segunda hace pocos años. En total 300.000 euros, renunciando a los intereses y a ir judicialmente contra algunos de los denunciados.
Pero mantenía la acusación por un delito contra los derechos de los trabajadores contra los responsables del dispositivo de seguridad de la obra y pedía una indemnización de un millón de euros y tres años de prisión para cada acusado.
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