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La Policía Local de Creixell ha multado esta mañana de lunes al concejal de ERC, Jordi Moliné, titular de las carteras de Urbanisme, Recursos Humanos y Noves Tecnologías por estacionar indebidamente. La sanción es de 50 euros que se rebajará a la mitad si la abona de forma anticipada.
La situación, sin embargo, ha tenido una vuelta de tuerca surrealista porque la multa se ha puesto al edil porque su vehículo particular ocupaba una plaza de la Policía Local, situada enfrente del edificio consistorial. Esta plaza, horas más tarde se repintaba y quedaba fuera de la exclusividad del cuerpo de seguridad local.
La rocambolesca historia de Creixell ha empezado a media mañana. El concejal Moliné ha ido a trabajar al Ayuntamiento y ha dejado el coche en la plaza reservada a la Policía Local. Es una de las tres plazas reservadas. Las otras dos están pensadas para los mismos concejales.
Un agente de la Policía Local ha visto la plaza reservada estaba ocupada y ha aparcado el coche logotipado alejado del Ayuntamiento por esta razón. Iba al edificio consistorial por diferentes motivos y una vez en el interior ha visto al edil Moliné, al que ha advertido de la ocupación ilegal de la plaza.
El agente se ha marchado y ha seguido con su jornada laboral. Al mediodía ha vuelto para nuevas gestiones sin que el edil liberara la plaza reservada. Y en ese momento, el agente ha denunciado al concejal y ha informado al jefe de la Policía Local de lo ocurrido.
El edil de ERC ha bajado 20 minutos después del Ayuntamiento y se ha encontrado con el «regalo». Ha hablado entonces con el alcalde y ambos han decidido que esa plaza quedaba anulada. Y la brigada por orden municipal ha borrado las letras de la Policía Local y ha «liberado» la plaza para uso de los ediles o trabajadores del edificio consistorial.
La decisión política ha empezado a circular por el municipio. El Diari ha confirmado lo ocurrido y ha hablado con el concejal Jordi Moliné, quien ha admitido que pagará la multa. El mismo edil, pero, explica que el trasfondo de lo sucedido es la ‘guerra’ existente entre la Policía Local y el Ayuntamiento ante la imposibilidad de generar plazas de agentes en un cuerpo que tiene una plantilla insuficiente para las tareas que le corresponden.
