Sin agua y sin luz. Esta es la situación de más de 20 familias que aún siguen viviendo en el Camping La Unión de Salou. Tras 35 años en activo, el complejo turístico cerró el pasado 28 de enero y tan solo dieron un mes de margen a los residentes que vivían allí durante todo el año para que se marcharan. Seis meses después, los inquilinos se niegan a irse hasta que lo diga un juez y han denunciado a la empresa por no ofrecerles ninguna alternativa habitacional digna, por coacciones y por estafa.
Entre los campistas hay familias vulnerables con gente mayor, niños e incluso enfermos. Llevan sin luz desde el pasado 13 de agosto y sin agua desde finales de mes. Los afectados, que prefieren ahora no dar sus nombres por indicaciones de sus abogados, se las apañan ahora con generadores: «Pero es insostenible, el consumo de estos aparatos es una locura. Gastan unos 25 litros al día», lamentan.
Explican que Sorea también desmontó los contadores y los desagües, y los propietarios cerraron las duchas y los lavabos. El aspecto que ahora presenta el camping es desolador. Aún hay las runas del supermercado que desvalijaron los propietarios y escombros de los bungalows que retiró la compañía. «Están haciendo todo lo posible para que nos vayamos pero seguiremos defendiendo lo que es nuestro», apuntan.
Crítica al Ayuntamiento
Aunque vivir en un camping no fuera legal, más de la mitad de los afectados están empadronados en Salou y algunos llevaban décadas en el lugar. En este sentido, lamentan que el Ayuntamiento «no haya ni venido al camping a ver en qué situación estamos». Además, los residentes están molestos con el consistorio por «faltar a la verdad» ya que en declaraciones a otros medios, el concejal de Benestar i Serveis Socials, Xavier Montalà, aseguró que se había dado «apoyo y asesoramiento» a todos aquellos que lo necesitaron. Pero según los campistas, el Ayuntamiento «no ha hecho nada. Ni tan solo nos conocen».
Los afectados tienen claro que tarde o temprano tendrán que irse, pero la cuestión es «¿en qué condiciones?». Los propietarios del camping les ofrecieron distintas salidas, como facilitarles la compra de sus caravanas, reubicarlos o ayudarles a conseguir una vivienda de alquiler. La mitad de las familias tienen módulos o mobile homes que en su momento les costaron entre 13.000 o 20.000 euros y lamentan que ahora se las quieran comprar por tan solo «400 o 500 euros». Y señalan que ningún camping de los alrededores acepta este tipo de instalaciones. «Nosotros tenemos nuestra vida aquí en Salou pero no sabemos a dónde ir (…) no podemos pagar un alquiler de 500 euros», dicen.
Según Òscar Busquets, el abogado que junto a Josep Maria Pujol defiende los intereses del colectivo de los afectados del Camping La Unión, el pasado mes de junio presentaron una querella criminal contra la cúpula directiva del camping que ya ha sido admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona por varios delitos: por coacciones y amenazas a los campistas, así como por incumplimiento contractual y estafa. Los campistas afectados exponen que muchos de ellos pagaron por adelantado la temporada 2019 y aún no se les ha devuelto el dinero.
Los propietarios están citados a declarar el próximo 2 de octubre. Pero el proceso judicial podría alargarse aún más de un año aunque los campistas esperan que el juzgado obligue a restituir el suministro de agua y luz cuanto antes.
Cabe recordar que según apuntó el gerente y copropietario del camping, Francisco González, también han denunciado al menos a 26 campistas por impagos durante los dos últimos años y aseguró que el negocio «ya no era rentable». El Diari intentó ponerse en contacto de nuevo con los propietarios pero no fue posible localizarlos.
Los campistas creen que hay algún inversor interesado en los terrenos del antiguo camping. Por ello, consideran que los propietarios tienen «prisa» para que se vayan. Desde el Ayuntamiento no han confirmado ni desmentido este rumor. Se muestran prudentes y aseguran que no pueden avanzar nada porque «no hay ningún proyecto presentado». Pero sí que ponen de manifiesto que los terrenos tienen uso turístico residencial exclusivamente.
El consistorio se defiende
Desde el área de Benestar i Serveis Socials, el concejal, Xavier Montalà, reafirma su postura y expone que «desde el Ayuntamiento, siempre hemos dado apoyo y hemos asesorado a las familias afectadas que vivían en el camping y que se han dirigido a nuestro departamento pidiendo ayuda».