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El Ayuntamiento de El Vendrell indemnizará a la empresa Escola de Música i Auditori Plaça Tívoli SL con 2,4 millones de euros. La cantidad corresponde a obras, mantenimiento e intereses acumulados.
El resarcimiento es porque el consistorio en 2015 dejó de abonar las mensualidades acordadas en el contrato al estar en contra de una modificación que no obstante fue aprobada por el propio Ayuntamiento.
Con el pago se pretende cerrar el litigio por la demanda de la mercantil creada por la empresa Vicsan (ya desaparecida) para las obras de la escuela, después de que el Ayuntamiento dejase de abonar los pagos establecidos en la revisión del contrato por mejoras realizadas.
El Ayuntamiento adjudicó los trabajos y mantenimiento que llevarían el coste de la escuela a los 13,8 millones de euros. Pero con una revisión de contrato que se hizo en 2009 hubiese podido llegar a costar 44,5 millones. Por eso acordó anular el contrato y esperar la reclamación de la empresa Vicsan, que tenía la concesión.
La construcción de la escuela se aprobó en 2006 con un presupuesto de 4,6 millones. PSC y PP estaban en el gobierno. La concesión para trabajos y mantenimiento fue para Vicsan y se pagaría a 30 años a razón de 24.500 euros mensuales, por lo que acabaría suponiendo unos 9 millones.
Mayoría
Fue en 2009 cuando se revisó el contrato por obras no previstas de mobiliario y equipos técnicos. Entonces gobernaba CiU en minoría. Los trabajos se valoraron en 2 millones y se amplió el contrato a 35 años a razón de 25.100 euros mensuales. Todos los concejales lo aprobaron. Entonces gobernaban PSC, CiU, ERC y PP.
En 2014 un concejal del PSC alertó que con ese acuerdo se acabaría pagando 44 millones. Se observó que el sobrecoste sería de 30 millones, por lo que se aprobó anular el contrato. Y la mercantil Escola de Música i Auditori Plaça del Tívoli, constituida por Vicsan para la obra, lo denunció.
El anterior alcalde Martí Carnicer (PSC), culpó al que fue interventor durante el gobierno en que se aprobó la modificación del contrato (presidido por CiU), por no alertar del incremento de coste que tendría la operación.
Sin informes
En su día el interventor, ahora jubilado, explicó que no emitió informe porque nadie se lo pidió. Desde alcaldía señalaron que debía hacerlo de igual manera. Carnicer evitó señalar a políticos porque dijo que no tienen que conocer todos los procedimientos.
El Ayuntamiento se acogió para denunciar el contrato a la falta del informe de intervención y otro de la Comissió Assessora Jurídica de la Generalitat, que son obligatorios en modificaciones de esa cuantía. La Comissió reconoció que podía anularse el contrato.
Una primera sentencia dio la razón al consistorio pero la empresa recurrió al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), aunque rebajando sus pretensiones que estaban referidas al segundo contrato que el consistorio da por anulado.
Acuerdo
La indemnización teniendo de base el primer contrato era de entre 2 y 3 millones de euros. El 2015 el consistorio dejó de abonar los pagos mensuales de las obras y mantenimiento. En 2017 el juzgado contencioso dio la razón al Ayuntamiento. La empresa rebajó las pretensiones y acepta una indemnización de 2,4 millones, referenciado al primer contrato.
El Ayuntamiento ya tiene una partida reservada proveniente del canon de la empresa de aguas. El acuerdo para la indemnización cierra la posibilidad de que en sucesivos pleitos hubiese un mayor coste para el Ayuntamiento, además de evitar que sigan creciendo los intereses.
