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    Retiran los cargos al jefe de la Policía Local de Vila-seca

    Durante el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial. Estaba acusado de encubrir la acción de dos agentes, acusados de torturas e intento de asesinato

    01 diciembre 2023 22:07 | Actualizado a 02 diciembre 2023 07:00
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    El jefe de la Policía Local de Vila-seca, Jacinto López, puede respirar más tranquilo desde el pasado jueves. Tanto la Fiscalía como la acusación particular retiraron los cargos contra él durante el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Tarragona. Estaba acusado de encubrir la acción de dos de sus agentes –que siguen como investigados en la causa– que, supuestamente, torturaron gravemente a un hombre y lo abandonaron en un descampado.

    El caso se remonta al 9 de enero de 2013 en La Pineda. Sobre las 4.30 horas, una patrulla de la Policía Local vio en la zona del aparcamiento de la discoteca Pacha –ahora cerrada al público– al denunciante, que iba ebrio y que antes los vigilantes de seguridad de dicho establecimiento habían expulsado por dar una bofetada a una mujer, pareja de un exagente de la Policía Local que conocía a uno de los acusados.

    Los policías introdujeron al denunciante en el vehículo policial. Según sostiene la acusación, los agentes, en un punto apartado de La Pineda, lo agredieron por todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza y órganos vitales del cuerpo. Malherido, la patrulla lo abandonó en el lugar.

    No fue hasta las once de la mañana cuando, gracias a una llamada anónima, los Mossos d’Esquadra encontraron a la víctima, quien no recordaba nada –durante el juicio manifestó que pensaba que lo habían atropellado–.

    Las penas

    El jefe de la Policía Local estaba acusado de ocultar lo ocurrido, no investigando el caso y obstacularizando la abierta por los Mossos. Sin embargo, durante el juicio se demostró que no interfirió en el caso ni tuvo participación indirecta en los hechos, por lo que se retiró la acusación contra él.

    Se pedían para él cuatro años y nueve meses de prisión, multa de 7.200 euros de inhabilitación para empleo o cargo público durante cinco años por un delito de falsedad en documento oficial cometida por funcionario público. Y dos añso y nueve meses de cárcel y 10 de inhabilitación por un delito de encubrimiento con abuso de funciones.

    Las acusaciones mantuvieron los delitos para los dos agentes, aunque rebajaron las penas. Piden por el delito de torturas graves un año de prisión y cuatro de inhabilitación –antes eran cinco años y medio de cárcel y 11 de inhabilitación–, por el delito de asesinato en grado de tentativa tres años y diez meses –antes eran diez– y finalmente por falsedad en documento oficial cometido por funcionario público un año y siete meses de prisión –antes eran cuatro años y medio–.

    Después de los alegatos finales, este viernes el juicio quedó visto para sentencia.

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