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El Ayuntamiento de Salou ha sufrido un nuevo revés judicial en su lucha por legalizar el cierre de terrazas, balcones y galerías. Tres años después de la primera negativa de la Comisión Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tumbado de nuevo la petición de modificar puntualmente el POUM y «regularizar» estos cerramientos en las fachadas.
«Desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y representación del Ayuntamiento de Salou contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo (CUT) del Camp de Tarragona de 24 de noviembre de 2017». Así de contundente ha fallado el TSJC a la última esperanza del consistorio para legalizar el cierre de terrazas, una opción que no lo permite el POUM vigente, de 2003.
El concejal de Urbanisme, Marc Montagut, admite el revés judicial, pero llegados a este punto, añade que «el Ayuntamiento presentará recurso de casación ante el Supremo» para intentar a la desesperada ‘legalizar’ unos cerramientos que los vecinos se han colocado sin licencia municipal durante años.
Se estima que hay en unos 900 edificios de la ciudad y algunos de sus propietarios ya han sido multados, como el presidente de la plataforma de afectados que pide esta regularización, Francisco Martín. «Nos han engañado todos estos años. Palabras, promesas…. Pero nada de nada. Yo mismo he sido multado y obligado a quitar mi cerramiento», admite con cansancio de tantos años de lucha sin ninguna victoria.
Cerca de 900 viviendas y unos 5.000 vecinos habrían hecho obras sin permiso municipalEn el escrito de la Sala de lo contencioso Administrativo Sección Tercera del TSJC, los magistrados no solo argumentan que el cambio va en contra del planeamiento de Salou y que su modificación no corresponde a una propuesta coherente dentro del POUM, sino que resaltan «la existencia de una situación en la que, con la absoluta pasividad municipal y sin licencia alguna, numerosos vecinos han cerrado las terrazas de sus viviendas, afectando así la fachada misma de sus respectivos edificios y aumentando el aprovechamiento que les correspondía con arreglo al plan. Situación de impune y manifiesta ilegalidad que se pretende ahora irracionalmente subsanar», dice la sentencia.
«Seguimos buscando soluciones y por ello haremos dos cosas en paralelo: el recurso y un nuevo POUM». Marc Montagut, concejal de UrbanismeEl revés judicial deja «muy tocada» la estrategia del Ayuntamiento de Salou, que desde 2016 ha buscado un equilibrio entre los propietarios que llevaron a cabo obras ilegales en sus terrazas y la fórmula para evitar que estas obras terminen desmontadas y con una multa. Solo aquellos que presentaron un recurso judicial tienen parado el proceso y los expedientes en trámite también están ‘congelados’ «mientras no haya una sentecia firme», admite el concejal, que por ello justifica el recurso al Supremo.
Una década de lucha sin éxito
En 2011, Francisco Martín impulsó la plataforma de afectados que agrupaba varias comunidades de propietarios con cerramientos ilegales. El movimiento vecinal llegó hasta las puertas del consistorio, que intentó suavizar el enfado. El trasfondo era evitar que en periodo electoral aquello fuera un polvorín generalizado y se prometió por activa y por pasiva que se lograría una solución. Las palabras se las está llevando el viento.
El gobierno local propuso en 2016 una modificación puntual del POUM para legalizar las terrazas. Previamente se había buscado la solución técnica para que la propuesta fuera admitida en la Generalitat.
«Todo lo que nos han dicho y han hecho los políticos en una década son mentiras y falsas promesas». Francisco Martín, presidente de la Plataforma AfectadosEl informe técnico planteaba un canon económico para subsanar el cierre de terrazas en edificios cuya edificabilidad está agotada. Este techo edificable nuevo de la vivienda se computaría (se haría pagar) y con la legalización se aplicaría un nuevo IBI con los metros cuadrados añadidos. El dinero municipal recaudado por el cierre de las terrazas se destinaría a adquirir terrenos para equipamientos y zonas verdes, ya que el 15% de edificios privados deben ser cesiones en este sentido.
La estrategia se pasó por pleno el 17 de noviembre de 2016 y se envió a la CUT para su supervisión. Un año después, el 24 de noviembre de 2017, la Generalitat rechazó la modificación del POUM de Salou, dejando al consistorio el camino judicial. Semanas después de la negativa, Salou anunció que presentaría un contencioso administrativo, que volvió a dar la razón a la Generalitat y se recurrió al TSJC. La sentencia número 4610 ha vuelto a ratificar que la propuesta municipal no se ajusta con su POUM y por tanto no es viable el cierre de terrazas.
El fallo condena al consistorio de Salou al pago de hasta 3.000 euros en concepto de imposición de costas y deja la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo, mediante un recurso de casación.
Críticas de la oposición
En el pleno de 2016, en el que se pidió a la CUT la modificación puntual del POUM, la oposición a excepción de ERC, se abstuvo dejando margen para ver que decía la Generalitat. Pero una vez denegada la propuesta municipal, las críticas a la gestión del gobierno fueron a más.
El concejal del PP, Mario García, uno de los ediles que ya se mostró muy contrario a la vía judicial explica que “en su día ya le dijimos al equipo de gobierno cuál iba a ser el resultado, y no nos hemos equivocado”.
