Josep Gili, inspector de la Policía Local de Torredembarra, ha recibido estos últimos días una alegría judicial que le alivia el dolor del accidente de tráfico sufrido y que le obliga a estar de baja.
La sala de lo Contencioso-Administrativo, sección cuarta, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, (TSJC) dictó una sentencia el pasado 30 de noviembre en la que estima el recurso de apelación del inspector de policía ante la suspensión de trabajo y sueldo que le había impuesto el Ayuntamiento de Torredembarra en 2015.
Además de estimar el recurso, el TSJC expone en la sentencia que se debe "anular la actuación administrativa consistente en prorrogar la situación de suspensión de funciones a partir del sexto mes desde su aplicación efectiva".
Josep Gili fue apartado de sus funciones al estar en calidad de investigado en un proceso penal, todavía en curso. El decreto del alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira (ERC), es del 15 de junio de 2015.
El jefe de la Policía Local rechazó los argumentos del gobierno local (ERC, PSC y Alternativa Baix Gaià, ABG) e interpuso un contencioso-adminsitrativo en diciembre de aquel año puesto que la suspensión no se anuló a los seis meses de su imposición.
Gili continuó apartado del cargo hasta el 31 de agosto de 2016, cuando se le reubicó en otras tareas: actualizar los planes municipales de vialidad y de seguridad, trabajo que estaría casi terminado a fecha de hoy.
Durante su suspensión cautelar, el jefe de la Policía Local en funciones es Miquel Àngel Marchal.
Gili estuvo destinado en un despacho de la última planta de la sede consistorial torrense, el Castell, y estaba directamente bajo las órdenes del alcalde, aunque su relación siempre ha sido distante.
Tras el revés judicial del contencioso-administrativo de Tarragona, conocido el 29 de diciembre de 2016, Gili interpuso recurso al TSJC a las pocas semanas.
La sentencia termina explicando que "se reconocen al actor los efectos administrativos y económicos correspondientes al puesto de Jefe de Policía Local del Ayuntamiento de Torredembarra, partir de los seis meses de aplicación de la medida cautelar de funciones acordada por Decreto de 15 de junio de 2015".
De esta forma, Torredembarra deberá recompensar al inspector de Policía desde el 15 de diciembre de 2015 hasta el 31 de agosto de 2016, cuando se le levantó la suspensión cautelar y se le reubicó en otras tareas. Falta por saber si ocupará su antiguo puesto o se le asignarán funciones con el sueldo y la categoría de inspector.
Josep Gili ha declinado hablar de la sentencia al igual que el Ayuntamiento de Torredembarra, que de momento mantiene silencio tras este revés judicial. El Ayuntamiento tiene 30 días para interponer recurso de casación a contar desde la fecha de notificación, el pasado día 30 de noviembre.
Caso Bogaly d'Or: el origen
Josep Gili fue apartado de sus funciones al estar imputado en un caso todavía pendiente de resolver y que se conoce en Torredembarra como Bogaly d'Or, en honor al restaurante dónde supuestamente el inspector de la Policía Local habría cometido los delitos que se le imputan: coacciones y amenazas.
El restaurante, en la zona marítima de Torredembarra, había pedido una licencia de terraza en 2012. Verbalmente le comunicaron que estaba hecho, pero cuando la puso sin el permiso correspondiente, la Policía Local se la hizo quitar.
Uno de los agentes intentó sobornar a la propietaria garantizándole la terraza a cambio de dinero. El policía fue denunciado y apartado. Sin embargo, la investigación de la Guardia Civil llegó hasta el jefe de la Policía Local y el concejal de Seguridad de aquella legislatura José Oviedo (PP).
La denuncia de la Benemérita excluyó a Josep Gili y Oviedo de los presuntos delitos, pero la propietaria del restaurante interpuso una nueva denuncia por amenazas, que todavía está pendiente de resolución.
