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La muestra fotográfica Activistes per la vida, que este jueves inaugura el fotoperiodista Gervasio Sánchez y que se podrá visitar del 16 de septiembre al 9 de enero de 2022 en el Tinglado 2 del Moll de Costa del Port de Tarragona, recoge el testimonio de 40 activistas de Honduras y Guatemala que luchan por la defensa de la naturaleza y de los derechos humanos.
A través de fotografías, textos y videoentrevistas, Activistes por la vida explica la historia de hombres y mujeres que viven amenazados de muerte por la defensa que hacen de su territorio y su naturaleza, de los derechos de las mujeres y de las libertades ciudadanas. Esta defensa entra en conflicto con los intereses de grandes empresas o grupos transnacionales que operan con impunidad para la extracción de los recursos naturales y las materias primas -sobre todo de minería, hidroeléctricas y de monocultivos- en Honduras y Guatemala, dos de los países más violentos del mundo.
Como novedad, la exposición acaba de estrenar www.activistesperlavida.cat, un sitio web que recoge todos los testimonios de la exposición de Gervasio Sánchez, aportando información extra del contexto con el objetivo de visibilizar la criminalización que sufren los activistas en su territorio. La exposición cuenta también con la publicación del libro Activistes por la vida (148 páginas, doble edición en catalán y en castellano), editado por la editorial Blume.
Guatemala es un país que depende del extractivismo -de la exportación de materias primas- y tiene una legislación nacional que favorece las inversiones privadas y deja sin protección legal las comunidades campesinas, la naturaleza y los derechos individuales. En los últimos cuatro años, se han registrado 1.641 agresiones en contra de personas defensoras de los derechos humanos; un 61% afectó a las defensoras del territorio.
Honduras, el tercer país más desigual del mundo, también tiene leyes hechas a medida porque las empresas transnacionales extractivistas puedan desarrollar el país. Los pueblos campesinos con sus formas de vida ancestrales y sostenibles, viven bajo la amenaza de las empresas extranjeras. El 2017 se registraron 389 feminicidios y desde el 2010 han muerto más de 120 activistas ambientales.
